El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República salieron en defensa nuevamente de la Ley de Seguridad Interior.
El coordinador del tricolor en San Lázaro, César Camacho, llamó al Ejecutivo Federal a publicar de inmediato la norma, a fin de dar certeza a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía.
También subrayó que los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que han manifestado reservas respecto a la ley que reglamenta la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, han planteado una postura respetable, aunque la mayoría en Congreso está convencida de que el ordenamiento se apega a la Constitución.
“Están en su derecho y nosotros estaremos atentos y observantes frente a lo que la Suprema Corte de Justicia, insisto, en tanto Tribunal Constitucional, pueda resolver, por lo pronto hacemos votos porque cuanto antes se promulgue, para que entre en vigor la Ley de Seguridad Interior. Como dato jurídico, cómo se puede impugnar si no entra en vigor, en consecuencia, creemos que debe seguir el curso normal de una ley que fue aprobada”, manifestó.
En contraparte, diputados y senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron al presidente de la República vetar el ordenamiento y atender las preocupaciones y señalamientos de organismos defensores de derecho humanos a nivel nacional e internacional.
A su vez, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez, señaló que la decisión del Congreso de la Unión, de aprobar la Ley de Seguridad Interior, a la cual calificó como urgente, fue “soberana”.
No porque una instancia como la Organización de Naciones Unidas (ONU) exprese preocupaciones será revertida, atajó.
“Yo le hago esta pregunta: ¿hace cuánto tiempo que le recomendó la ONU a Estados Unidos que no aplique la pena de muerte? ¿Cuándo ha quitado Estados Unidos la pena de muerte? Le recuerdo el caso y muchos otros de muchos países donde la ONU emite recomendaciones, esos países no las adoptan, o bien porque son impracticables en sus países o porque no corresponden a la idiosincrasia de esos países o porque no hay condiciones de aplicarlo”, añadió.
El legislador indicó que las organizaciones sociales y de derechos humanos que busquen inconformarse legalmente están en pleno derecho, pero la mayoría en el Legislativo está convencida de que fue la decisión correcta.
No obstante, al igual que el coordinador de su bancada en la Cámara, Ramírez Marín admitió que la ley se puede modificar si tiene alguna inconsistencia o debilidad, pero esto ocurrirá después de que se publique oficialmente y entre en vigor.
“Claro que es posible modificar la ley y claro que la práctica va a permitir que se modifique la ley, va a permitir que se precisen definiciones, va a permitir que se precisen tiempos, que se precisen procedimientos, mecanismos”, agregó el también presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.