De cara a lo que calificó como el “complicado” proceso electoral del 2018; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, afirmó que, para mantener la paz y la convivencia en el país, es menester garantizar la seguridad jurídica.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto y los titulares de ambas Cámaras, Jorge Carlos Ramírez Marín y Ernesto Cordero; Aguilar Morales destacó que esta tarea no sólo debe ser de las autoridades, sino de los ciudadanos también.
“No es sólo un compromiso de la autoridad hacer bien las cosas que conforme a la Constitución y las leyes le competen. También los ciudadanos debemos estar conscientes de que cumplir con la ley, con nuestros deberes, favorece la paz social. Exijamos, sí a la autoridad, el cumplimiento de la ley; pero también seamos nosotros, como ciudadanos, conscientes de cumplir con nuestras obligaciones. Sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley no puede haber valores básicos que respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja”, resaltó.
En presencia de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente, el también presidente del Consejo de la Judicatura enfatizó que no es tarea del Poder Judicial mejorar las condiciones de seguridad.
Indicó que los jueces son protectores, en primer lugar, de los derechos de todos, sin adjetivos, ni de los delincuentes ni de las víctimas; sino de todos.
“Lo he dicho y lo repito no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros, los juzgadores, cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución labor que no vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica que se haga, lo único que nos corresponde obedecer es la ley”, indicó.
Luis María Aguilar Morales subrayó que, en la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca, siempre bajo el mandato de la Constitución, lo que bajo ningún concepto puede ser usado como pretexto para olvidar el respeto de los derechos.