La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para crear una nueva Ley contra la Trata de Personas.
El coordinador César Camacho explicó que la propuesta cerrará la puerta a que los infractores puedan evadir la aplicación de la ley.
Aseguró que el planteamiento retoma gran parte de la minuta previamente aprobada en el Senado, pero el propósito es emitir una nueva legislación, de modo que ese proyecto prácticamente será desechado.
Camacho Quiroz afirmó que “urge” implementar una ley completa, porque la norma vigente desde 2012 está “desfasada”.
Señaló que es preciso tratar de manera distinta el ilícito, definiendo con claridad sus conceptos, así como el bien jurídico a tutelar, que es al libre desarrollo de la personalidad.
Apuntó que la propuesta retoma la mayor parte de la minuta previamente aprobada por el Senado de la República, facilita persecución y sanción del delito; aclara que la trata de personas y la explotación forman parte de un mismo ilícito.
Recalcó que define puntualmente qué es la explotación de personas, contempla que la sola “intención” de cometer ese crimen incluso si no se concreta, será objeto de sanción, lo cual incluirá a quienes participen en la transportación de las víctimas.
Recordó que la minuta senatorial generaba “salidas jurídicas” a los delincuentes, lo que generaba un factor más de injusticia.
“La propuesta define la explotación de personas, en tanto la intensión o la materialización de la trata, es decir, puede ser una, la otra o ambas, repito, la intensión que puede no materializarse debe ser punible, debe ser castigada o la materialización, es decir la concreción en la comisión de delito deben ser castigadas, así ambas conductas se sancionan y le cierra a lo que hasta ahora y en algunos casos y el riesgo que nosotros le veíamos a la minuta, en el Senado, posibles, salidas jurídicas a los criminales, que siendo escrupulosamente correctas en el mundo normativo, acaban generando una situación de injusticia”, dijo.
Especificó que “no agrega medios comisivos”, es decir, las distintas modalidades utilizadas para cometer el delito de trata de personas, como las amenazas, engaños y otras prácticas, a fin de hacer más clara la interpretación y aplicación de la norma.
“No agrega por innecesarios para acreditar que se incurra en este delito, los medios comisivos, ya que por ejemplo, basta que alguien traslade a una persona con el fin de explotarla para que lesione su libre desarrollo, haya o no amenazado o cometido abuso de poder o usado otros medios, que si bien serían agravantes, no exculpan de trata de personas a quien trasladó a otro con ese propósito, incluso si no se concretó la explotación de la víctima, esto es muy importante, en la legislación vigente, si no se concreta, el delito no se consuma”, insistió.
Destacó que el ordenamiento crea nuevos delitos, como el “uso indebido de documentación, que suele ser una conducta reiterada para consumar el delito, repito, el uso indebido de documentación, la comisión de denunciar y el financiamiento de la trata, es decir, dar dinero para la comisión de los delitos es un delito por sí o sería”.
Añadió que reconoce más derechos a las víctimas, en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal y toma en cuenta los más altos estándares de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, así como atender debidamente a las víctimas.
Apuntó que la discusión en la materia no debe mezclarse con los asuntos electorales, pues los legisladores deben saber ser “profesionales” y llevar ambos temas en paralelo.