La Sección Instructora de la Cámara de Diputados informó que este jueves 23 de noviembre, quedó abierto el proceso de recepción de pruebas en el caso del desafuero de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Bárbara Botello, solicitado por la Procuraduría de General de Justicia del Estado de Guanajuato.
El presidente de esa instancia parlamentaria y legislador del ‘tricolor‘, Ricardo Ramírez, indicó que los delitos que se le imputan a su compañera de partido datan de cuando fue alcaldesa en León, Guanajuato y aunque han pasado algunos años desde ese entonces, esto no afecta la facultad de la Procuraduría local de seguir investigando.
Al asumir el puesto de diputada federal adquirió la protección legal que brinda la ley a través del fuero, agregó Ramírez Nieto, por lo que técnicamente, “el tiempo” se detuvo en lo referente a los ilícitos que se le atribuyen.
“Estamos abriendo el proceso de desafuero a prueba, por el término de 30 días naturales, de los cuales los primeros 10 días serán para que tanto la Procuraduría de Guanajuato como la propia defensa o la propia diputada ofrezcan sus pruebas; y los 20 días restantes para el desahogo de las mismas”, puntualizó.
A la legisladora priísta y ex alcaldesa, se le señala por haber cometido peculado, por más de un millón 500 mil pesos.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados y también priísta, Jorge Carlos Ramírez, fue cuestionado sobre el trámite que se dará a los procesos de desafuero de sus compañeros de bancada, Antonio Tarek Abdala y Alberto Silva Ramos, ambos ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
Ramírez Marín aseveró que la resolución de ambos casos sigue pendiente, en tanto que la Sección Instructora debe, por reglamento, presentar un dictamen en sentido positivo o negativo, para que el Pleno de San Lázaro discuta el tema.
Si insiste en presentar el dictamen que quedó empatado, aseveró el legislador, no será posible que el asunto sea puesto a consideración de la asamblea.
Para determinar qué procedimiento parlamentario es el que debe aplicar, indicó, se solicitó al departamento jurídico de San Lázaro presentar un análisis, mismo que está en proceso y que se espera, sea presentado a los legisladores antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, lo que ocurrirá el próximo 15 de diciembre.