La continuación de la audiencia inicial por el caso de las llamadas goteras, se tornó ríspida entre defensores particulares de los imputados y fiscales de la Procuraduría capitalina, por presuntas violaciones al debido proceso.
En su intervención por separado, los litigantes argumentaron que el Ministerio Público violentó el derecho de los imputados al “imponerles” una defensa de oficio y no permitirles elegir libremente, si esta debía ser particular o no.
Señalaron que tal situación permitió a la Procuraduría acelerar el proceso de reconocimiento de las tres mujeres y su posible copartícipe, por medio de un testigo que compareció a la agencia ministerial.
Este, determinó que se trataba de las mismas personas que salieron del inmueble la madrugada del pasado 13 de agosto, donde convivieron con el ciudadano alemán, víctima de un robo de objetos en su domicilio.
Ante el Juez de Control señalaron que esa imposición dio paso a la fiscalía a “armar” el caso y proceder penalmente en contra de los posibles implicados.
De hecho, criticaron que posterior a dicha “imposición”, el Ministerio Público entregó a los imputados la carta de derechos en la que se establece la posibilidad de elegir el tipo de defensa.
Los abogados también cuestionaron la elaboración de retratos hablados, ya que estos sólo se realizan en caso de no existir mayores pistas en la investigación.
Respecto a las imágenes fílmicas obtenidas por la Policía de Investigación, mencionaron que las personas que salen del restaurante con la víctima, no son coincidentes con las de sus clientes, por lo que rechazaron ese dato de prueba.
En tanto, los fiscales de litigación, defendieron las actuaciones realizadas por los investigadores y el procedimiento que siguió el Ministerio Público para llevar a las tres mujeres y el copartícipe ante el Tribunal.
Destacaron que la geolocalización de uno de los aparatos de comunicación robados a la víctima, permitió a los detectives ubicar y concretar la detención de los implicados.
Previo al receso de dos horas que otorgó el Juez de Control, uno de los litigantes, aprovechó para repudiar la actuación de la fiscalía a la que calificó de “ignorante” y “peor” a la asesora jurídica de la víctima, quien no asistió a la citada audiencia.
@amarilloalarcon