La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con una votación de 317 a favor, 38 en contra y dos abstenciones, cambios a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.
La norma prevé quitar candados, para permitir que los estados y municipios utilicen el cinco por ciento de sus excedentes en gasto corriente, a fin de destinarlos a las tareas de reconstrucción asociadas a los sismos de septiembre pasado y otro tipo de desastres naturales.
La normatividad también flexibiliza el requisito de presentar análisis de costo-beneficio para la realización de obras, cuando se trate de atender emergencias provocadas por fenómenos naturales.
Al presentar el proyecto, la presidenta de la Comisión de Hacienda y diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Cruz, dijo que el ordenamiento busca dar certeza a entes públicos y ciudadanos, mejores condiciones para la contratación de deuda en estados y municipios, aunado a que agiliza las acciones para atender de mejor manera a la población en casos de emergencia.
Puntualizó que se pretende dar continuidad a las disposiciones para mantener en orden las finanzas locales, y al mismo tiempo permitir mayor margen de acción económica a estados y municipios que tienen su deuda y cuentas en condiciones aceptables.
En el debate, legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y algunos integrantes del Movimiento Ciudadano (MC), últimos que votaron a favor, pero presentaron algunas reservas, coincidieron en señalar que la norma si abre la puerta al uso discrecional de los recursos públicos, a que la deuda de los estados vuelva a salirse de control y a que la flexibilidad incluso en la presentaciones de informes, den paso a la opacidad.
“No podemos dejar de lado que estas modificaciones abren también la ventana a malos manejos, razón por la cual insistimos en la aplicación de los controles presupuestales que muchas veces hemos citado, necesarios y complementarios a las medidas antes mencionadas, los cuales cumplan con la vigilancia de los recursos y la correcta ejecución del gasto público”, apuntó el diputado de MC, Germán Ralis.
Más directos, los diputados de Morena, Vidal Llerenas y Juan Romero, acusaron que los cambios en cuestión se “negociaron” como parte de la negociación del Presupuesto de Egresos, tienen como fin beneficiar en específico a determinados gobiernos, como el de la Ciudad de México.
Con esto, acusaron, se dará “manga ancha” a los gobernantes en el uso de los recursos públicos, incluso los que ya se había determinado, debían destinarse a la amortización de la deuda; y se allana el camino para desviar recursos a las campañas electorales del 2018.
“Estamos votando una ley que va a dar más manga ancha a los gobernadores de este país, para que sigan haciendo lo que se les pegue la gana con las finanzas públicas. Para que no amorticen deuda, para que no inviertan en obra pública, para que puedan contratar más personal, porque en este país la ley se pone a negociación y una moneda de cambio a los gobernadores fue cambiar la ley”, sentenció Llerenas Morales.
“Hay elección en 30 entidades, además de la elección federal. Los gobiernos municipales y estatales necesitan laxitud para manejar discrecionalmente recursos. Esta reforma se los permite, el ciudadano de a pie no se chupa el dedo con esta reforma y sabe que lo que aquí se está aprobando es el manejo discrecional de recursos para campañas electorales”, alertó el diputado Romero Tenorio.
El dictamen avalado por una votación particular de 271 a favor, 45 en contra y tres abstenciones, y que será enviado al Senado de la República, indica que también se autorizará a los gobiernos estatales y municipales establece distintos porcentajes a destinar a la amortización de la deuda, conforme al nivel de endeudamiento que presenten.
Se otorga a gobiernos locales la potestad de decidir sobre el destino de los ingresos excedentes derivados de los recursos de libre disposición, con la condición de que tengan niveles de deuda sostenibles, conforme al sistema de alertas vigente, apuntó la diputada Cruz Blackledge.
La norma incluye otras disposiciones como ajustar la definición de “Asociaciones Público-Privadas”, y agrega el concepto de “disponibilidad” para incluir proyectos de prestación de servicios y otros esquemas, independientemente de la denominación que se utilice y en referencia a recursos provenientes de ingresos obtenidos en ejercicios fiscales anteriores que no fueron pagados ni devengados por algún rubro de gasto presupuestado, excepto las transferencias federales etiquetadas.
Añade que los estados tomarán en cuenta la Ley de Ingresos de la Federación para aprobar sus propias leyes de ingresos y presupuesto.
La legisladora panista afirmó que los cambios dan certidumbre jurídica a los gobiernos locales y les permite agilizar el uso del dinero público para atender a la población afectada por emergencias naturales, aunado a que se elimina el requisito de realizar un análisis de costo-beneficio cuando el gasto de inversión se destine a la atención prioritaria de las situaciones referidas.
Indicó que se establece directamente en la ley la excepción que permite a los gobiernos señalados realizar las acciones necesarias para atender a la población afectada por desastres como los pasado sismos, así como salvaguardar sus derechos sociales y atender sus necesidades de vivienda, salud y educación.