En la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen con el que se pretende avalar la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de someter a consulta nacional durante las elecciones del 2018, si es más conveniente aplicar el Mando Único policial que promueve el Ejecutivo Federal, o el Mando Mixto que impulsa la oposición.
Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Hernández, cuestionó la decisión, al aseverar que la pregunta formulada por los priístas es claramente tendenciosa e induce la respuesta.
“Dice su pregunta, que es tendenciosa e ilegal: Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que de acuerdo a distintos estudios están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas. Esa es la pregunta, totalmente inducida”, reclamó el secretario de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, que es presidida por la diputada priísta Mercedes Guillén.
Ello, aunado a que el dictamen correspondiente se aprueba a destiempo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya descartó la realización de una consulta popular el año entrante y será impugnada ante el Poder Judicial, dijo Hernández Soriano.
“De entrada atenta contra el artículo 40, que es una de las excluyentes de la consulta popular. Es una, yo no le veo futuro, más bien es una táctica electorera del PRI, y tienen la mayoría y la votaron a favor, pero todavía es controvertible y vamos a tratar de controvertirla más adelante”, refirió el congresista.
El dictamen aprobado por mayoría, a petición de las bancadas del tricolor y del Partido Verde (PVEM) señala que por tratarse de un tema de trascendencia nacional, es prudente solicitar a la autoridad electoral tome las previsiones necesarias para aplicar, el día de la elección federal del 2018, la consulta en cuestión.
Agrega que el diseño vigente en materia de seguridad pública tiene problemas “de fondo” que afectan a la población, que debe ser consultada para saber si está de acuerdo o no con un cambio de modelo.
Expone que las acciones en materia de seguridad vigentes no son suficientes, y pese a la inyección de más recursos a los estados, los esfuerzos para abatir la inseguridad, la modernización del equipamiento y la creación de agencias de investigación del delito, los índices respectivos o se han reducido.
Refiere que tales condiciones ponen en riesgo el estado de derecho y la vida democrática del país, por lo que es preciso “redignificar” a la policía, mejorar su capacitación y capacidad de operar, en beneficio de los ciudadanos.
Advierte que negarle a la población el derecho a ser consultada, representaría un retroceso en las tareas para mantener el orden y la gobernabilidad del país.
Recalca que la delincuencia e inseguridad van a la alza, debido entre otros factores a os problemas de las instituciones policiales de atender esas obligaciones y abatir delitos como el homicidio, secuestro y extorsión.
Al someter a debate el tema, el diputado del PRI, Alejandro Domínguez manifestó que quienes se oponen a que se realice la consulta o bien, la están descartando de inicio no tienen facultades para ello, porque la pregunta planteada debe ser valorada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).