En la Cámara de Diputados, las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, aprobaron con 29 votos a favor y una abstención del diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cuitláhuac García, la minuta proveniente del Senado, a través de la que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas.
La norma que se aprobó de manera íntegra conforme a lo dispuesto previamente por los senadores, establece la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para buscar personas desaparecidas y “no localizadas”; así como para investigar, sancionar y erradicar esos delitos cometidos, cuando sean cometidos por particulares.
También contempla los tipos penales en materia de desaparición forzada, sus respectivas sanciones y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Al fijar postura, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Martha Tamayo, admitió que la ley será perfectible, pero sus notables avances obligan a darle luz verde, e incluso cuentan con el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Tamayo Morales pormenorizó que las penas para funcionarios que estén involucrados en desaparición forzada serán la inhabilitación y prisión de 40 a 60 años; mientas que para particulares que cometan ese ilícito, la penalización será de 25 a 50 años de cárcel.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna, subrayó que la normatividad representa que no debe haber olvido, sino justicia y mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como sanción severa a los responsables.
Al compartir la observación de legisladores de oposición, en cuanto a que será necesario contar con recursos suficientes para echar a andar el instrumento legal, dijo que por el momento esa cifra es incuantificable. Remarcó que la participación ciudadana también será crucial para su adecuado funcionamiento.
El diputado independiente Manuel Clouthier, expresó que la ley en cuestión presenta avances pero tiene un elemento preocupante: “cuida mucho” al Ejército, puesto que no queda claro cómo se tratarán los casos en que militares estén involucrados en la desaparición de personas.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez, destacó que la legislación tiene avances, pero “llega tarde”, ya que el país registra más de 30 mil víctimas de desaparición, de las cuales al menos 10 mil corresponden a este sexenio.
Prevé imponer penas de 40 a 60 años de prisión a funcionarios o servidores públicos involucrados en ese tipo de casos, así como la inhabilitación; aunado a que tipifica la desaparición cometida por particulares; la persecución de oficio; y que el delito será imprescriptible.
Sin embargo, esas disposiciones de nada servirán, alertó Sánchez Orozco, si no se modifican las estructuras del aparato de justicia a nivel federal y en especial, en los estados.
Por el Partido Verde (PVEM), la diputada Lía Limón destacó la definición de tres delitos: la desaparición forzada, desaparición por particulares, y los delitos vinculados. A lo cual se suma el hecho de que las penas se incrementarán en una mitad si la víctima forma parte de la población vulnerable, incluyendo periodistas.
Limón García, enfatizó la importancia de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Banco Nacional de datos Forenses, de la Comisión Nacional de Búsqueda; de un Consejo Ciudadano en la materia; y de una Fiscalía Especializada adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).
El diputado de Morena, Cuitláhuac García, que anunció su voto en abstención, pero dejó en claro que su bancada no se opondrá a la legislación, expresó sus reservas sobre las sanciones a los “superiores jerárquicos” cuando estén involucrados en ese ilícito.
El diputado de Morena, Alberto Martínez, al igual que otros congresistas de oposición, subrayó que si la ley y los organismos que la ejecutarán no cuentan con presupuesto suficiente, quedarán en “letra muerta” y en un asunto meramente declarativo.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Hernán Cortés Berúmen, calificó como relevante el penalizar a quienes incurran en desaparición de personas, en la modalidad e sepultar, quemar, descuartizar, desaparecer y desintegrar cuerpos.