El pasado 16 de octubre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se negó a reconocer como víctimas de violaciones a derechos humanos a más de 60 personas que forman parte de la Familia Ponce Ríos, quienes desde el año 2013 se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de origen a causa de la violencia generalizada en Chihuahua y las violaciones a derechos humanos que sufrieron por autoridades de esa entidad federativa, critica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La familia Ponce Ríos, originaria del municipio de Saucillo, Chihuahua, contaba con un total de 94 miembros dedicados principalmente a los negocios de ganadería y agricultura. A partir del año 2010, los miembros de la familia fueron víctimas de secuestros, homicidios y persecuciones, por lo que el 70% de la familia fue forzada a abandonar su lugar de residencia, sumándose a las más de 310 mil personas desplazadas a causa de la violencia en México.
Ante ello, la CMDPDH, como representante de las víctimas, solicitó a la CEAV desde 2014 que se les reconociera su calidad de víctimas del desplazamiento interno forzado como una violación a derechos humanos, ya que ello implica que se les brinde una atención diferenciada y especializada.
Después de un proceso de más de dos años, la CEAV rechazó acoger a la familia Ponce Ríos por “falta de elementos”, pese a qué se entregó a la propia CEAV “la investigación en materia de derechos humanos que está abierta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que su personal ha constatado que se trata de víctimas del desplazamiento interno forzado”.
La resolución de la CEAV, contraria a la Constitución y a la Ley General de Víctimas, representa una nueva afrenta a las víctimas de desplazamiento forzado interno, a la par que constituye una revictimización del Gobierno Federal contra la Familia Ponce Ríos.
La CMDPDH repudia la respuesta tardía de la CEAV y demanda a su Presidente que actué en cumplimiento con el marco legal aplicable, y registre a la Familia Ponce Ríos como víctimas del desplazamiento interno forzado. Es momento que la institución encargada de velar por los derechos de las víctimas del país, reconozca el desplazamiento como un hecho victimizante autónomo y preste medidas de atención diferenciadas y especializadas a quienes atraviesan por condiciones específicas de vulnerabilidad, como lo son las personas internamente desplazadas por la fuerza.