La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió a las autoridades de los tres niveles de gobierno sobre el riesgo de que sean vulneradas las garantías fundamentales de 27 millones de mexicanos que viven en pobreza alimentaria.
Asimismo, alertó por el aumento en dos millones de personas que viven en situación de pobreza, las cuales pasaron de 53.3 a 55.3 millones entre 2012 y 2015.
De acuerdo con el Reporte Anual 2015 de The Hunger Project México, 23.3 por ciento de la población total del país vive en pobreza alimentaria y el 12.5 sufre desnutrición crónica, en tanto que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 señala la existencia de un millón 194 mil 805 menores de edad con desnutrición crónica en el país y la reducción de la lactancia materna exclusiva disminuyó de 22.3 a 14.4 por ciento, mientras que en el medio rural dicha reducción fue de 36.9 a 18.5 por ciento.
Ante ese panorama, la CNDH destacó que el marco de respeto, protección y realización del derecho humano a la alimentación tiene como punto de partida la satisfacción del nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre, a partir del cual deben adoptarse medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de índole diversa para asegurar el goce y ejercicio progresivos de tal derecho.
En ocasión del Día Mundial de la Alimentación, la CNDH llamó a las autoridades gubernamentales federales, estatales y municipales a que en las distintas regiones del país afectadas por los recientes desastres se prevengan y sancionen potenciales violaciones a los derechos humanos, y se garantice con especial atención y prioridad el acceso alimentario en zonas damnificadas, principalmente en favor de grupos vulnerables, como lactantes y niñez, personas mayores, con discapacidad física y con problemas médicos persistentes, entre otros.
Del mismo modo, hizo hincapié en la necesidad de respetar y proteger la accesibilidad económica de los recursos alimentarios, lo cual necesariamente implica establecer políticas encaminadas a la erradicación de la pobreza, y adoptar un enfoque de derechos en la determinación de los salarios mínimos.