La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados anunció que propondrá la creación de una comisión especial que revise el caso del enriquecimiento ilícito del líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.
El coordinador César Camacho, dijo que el planteamiento tiene fundamento en las denuncias presentadas por asociaciones de ciudadanos del estado de Querétaro, del cual es originario Anaya Cortés.
Al hacer el pronunciamiento respecto al cual los priístas no admitieron preguntas de los medios de comunicación, Camacho Quiroz hizo votos para que la Procuraduría de Justicia de Querétaro investigue los hechos de los que se acusa al dirigente de Acción Nacional y a sus familiares.
Ya que a juicio de los denunciantes de la asociación civil “Consenso Ciudadano por Querétaro” y otras personas, el dirigente panista y sus familiares habrían incurrido en delitos que deben ser investigados y penalizados.
“Consenso Ciudadano por Querétaro, Asociación Civil, y otras personas han denunciado el enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya y de su familia. Y desde esta Cámara estamos convencidos que para robustecer el ejercicio fiscalizador propio de la Cámara de Diputados es pertinente, es oportuno implantar esta Comisión Especial”, refrendó.
El legislador mexiquense indicó que si tal instancia es creada, buscará aportar elementos para que los integrantes de la misma y después el Pleno de San Lázaro, se formen un juicio sobre el “penoso” asunto que involucra al dirigente político y debería trascender la esfera de la opinión pública, hasta llegar a la vía judicial.
Puntualizó que su propuesta de crear de la Comisión debe ser analizada y aprobada en la Junta de Coordinación Política, presidida por el coordinador del albiazul, Marko Cortés, ya que porque se trata de un asunto pertinente y oportuno.
Sin hacer mayores aclaraciones, el coordinador priísta indicó que el próximo martes 17 de octubre habrá más detalles sobre las consideraciones que dan paso a su propuesta de investigar al líder partidista que hoy no tiene cargos públicos, pero en su momento lo fue.
En la proposición con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria, los priístas señalaron que la Comisión deberá encargarse de investigar las denuncias ciudadanas sobre el presunto enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya.
Apunta que desde agosto pasado se dio a conocer, a través de investigaciones periodísticas que Anaya Cortés y su familia política incrementaron su patrimonio en mil 304 por ciento, en los últimos 14 años, durante los cuales se hicieron de 17 empresas y 33 inmuebles con un valor de 308 millones de pesos; así como proyectos inmobiliarios de lujo en Querétaro y que tienen a “prestanombres” como dueños, empresas sin oficinas reales y propiedades que “no están a su nombre”.
Explica que la Comisión es procedente, tal y como lo fue en la LXI Legislatura, la Comisión Especial Encargada de Investigar las Denuncias Ciudadanas contenidas en el libro Camisas Azules, Manos Negras, relativo a presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos.
Reconoce que no hay antecedente sobre investigaciones en el Legislativo relativas al enriquecimiento inexplicable de un presidente de partido, que por no ostentar cargos públicos no puede ser investigado “conforme a las normas aplicables a la función pública”.
Sin embargo, establece que diversos legisladores tienen interés en ello y por ello, proponen que un legislador de cada bancada se integre a ese organismo, que será presidido por “el grupo parlamentario mayormente representado en la Cámara de Diputados”, es decir, por el PRI.
Sus decisiones, añade, serán tomadas por consenso y en caso de no ser posible, por voto “ponderado, en el cual cada integrante representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario”.
La Comisión, indica el texto, podrá allegarse de la información que considere pertinente y reunirse, si lo considera necesario, con autoridades federales, estatales y municipales, con organizaciones civiles y ciudadanas. Periódicamente deberá emitir informes de actividades y no contará con recursos económicos para operar.