A su salida de prisión en enero pasado, Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, la Procuraduría de Justicia capitalina activó a sus áreas de inteligencia en busca de mayores pruebas que incriminaran en otros ilícitos al fundador y líder de la Unión de Tepito.
Autoridades de la dependencia indicaron que las investigaciones tomaron ruta hacia el Reclusorio Preventivo Norte, donde presuntamente dirigía una red de distribución de droga con la complicidad de servidores públicos.
Pese a los dichos de sus opositores que en su momento formaron parte de su organización y que posteriormente se unieron a Roberto Fabián Miranda, alias El Betito, quien lo despojó del liderazgo de La Unión, las investigaciones no prosperaron.
Las fuentes consultadas explicaron que Pancho Cayagua cuidó sus movimientos y presuntamente ordenó la eliminación de aquellos que se convirtieron en sus enemigos, por lo que la información se cerró aún más.
Días después de que salió absuelto por doble homicidio del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha, aseguraron que las nuevas líneas de investigación se desarrollaron principalmente en dos vertientes: narcomenudeo y homicidio.
En ocho meses, las indagatorias no dieron resultados y Pancho Cayagua recibió diversas amenazas.
Su principal rival, El Betito, emprendió acciones contra su debilitada estructura y desató una larga cadena de homicidios en diferentes colonias de la delegación Cuauhtémoc, principalmente en la Morelos.
Otra organización antagónica a la de Francisco Javier Hernández, es la Unión de Insurgentes, cuyos integrantes también amenazaron con eliminarlo.
Más de 20 de sus cómplices siguen en prisión por el caso Heaven, acusados del secuestro y homicidio de 13 jóvenes, algunos de ellos integrantes de La Unión de Tepito.
Ambas bandas entraron en una vorágine de venganzas por la disputa en la venta de narcóticos en antros de las colonias Condesa, Roma, Del Valle y en aquellos asentados en la línea de avenida de los Insurgentes.
Más allá de reacomodos, El Betito y su grupo, forman ahora parte de una estrategia de objetivos prioritarios a desarticular, por parte de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de la capital del país.