La Cámara de Diputados aprobó, con una votación general de 313 votos a favor, 26 abstenciones y 105 en contra, reformas a la Ley General de Salud, con el fin de reconocer el derecho a la objeción de conciencia del personal médico que no acceda a realizar determinados procedimientos.
Después del debate, los congresistas modificaron el texto avalado a través de una reserva impulsada por las bancadas de los partidos del Frente Ciudadano por México, con el fin de establecer que cuando el paciente se encuentre en peligro de muerte y no haya personal dispuesto a aplicar determinado tratamiento, los objetores de conciencia incurrirán en la falta de responsabilidad profesional.
El tema dividió a las fracciones parlamentarias del Frente, que en asuntos del derecho a la vida mantienen claras diferencias.
Integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) salieron en defensa del derecho a la objeción de conciencia en casos como la interrupción legal del embarazo o el aborto.
En contraparte, legisladores y legisladoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que la aplicación de esa norma puede poner en riesgo la vida de quienes necesitan atención médica urgente, en especial niñas y mujeres víctimas de violación que soliciten la interrupción ilegal del embarazo.
A la postura de Acción Nacional se sumó la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, que a través de la diputada Norma Edith Martínez advirtió que obligar a médicos, enfermeras y demás personal de salud, a atender casos incluso de emergencia, si su religión, convicciones personales o creencias no se los permiten, es violatorio de los derechos humanos.
La legisladora acusó a la izquierda de mentirle a la ciudadanía y generar temores infundados, al señalar que el ejercicio de la objeción de conciencia en casos médicos, equivale a negar el acceso al derecho a la salud y puede tener consecuencias fatales.
“A estos legisladores que están acostumbrados a mentir a la ciudadanía y a espantar a la ciudadanía, cuando plantean una serie de fantasmas y monstruos y se atreven a decir que no se va a proporcionar el derecho humano a la salud. Jalisco y la Ciudad de México, a trece años de la aprobación de la objeción de conciencia nos demuestran que eso es una mentira”, reviró la diputada Martínez.
“Para mí queda claro que lo que se está vulnerando es el derecho, en el caso particular que no es solo ese, de la interrupción legal del embarazo, sino en todos los casos, frente a todos los objetores de conciencia, que la Secretaría de Salud nos diga si va a tener en todos los casos no objetores de conciencia y con eso, para mí queda claro que sí se pone en riesgo la vida, la salud”, respondió la diputada perredista Hortensia Aragón.
La norma que se enviará al Senado de la República para su análisis y aprobación señala que el personal del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios en ese rubro, excepto cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.
En ese caso, acordaron los diputados federales, quien se niegue a brindar atención médica incurrirá en la falta de “responsabilidad profesional”, aunque la norma también señala que el ejercer la objeción de conciencia no derivará “en ningún tipo de discriminación laboral”.
Contempla que las nuevas disposiciones se acatarán con los recursos materiales y humanos con lo que dispone actualmente la Secretaría de Salud, de modo que esa dependencia deberá garantizar que haya personal dispuesto a atender casos de emergencia que médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud se nieguen, apelando a la objeción de conciencia.