El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “miente al país al asegurar que no había otra opción a los gasolinazos” y al señalar que no es consecuencia de la reforma energética “porque la realidad es que hay voluntad política para suspender la liberalización de los precios y, hacer ajustes en los tres ordenes de gobierno por 200 mil millones de pesos.
En un comunicado, respondió al presidente que los perredistas “habrían recortado los recursos del gasto corriente del gobierno, reducir los altos sueldos de funcionarios -incluidos de los poderes Legislativo y Judicial- gastos médicos mayores, bonos personales, vales de gasolinas, además de mayor control al manejo de la deuda, exenciones fiscales y privilegios y saldrían más de 200 mil millones de pesos”.
Zambrano sostuvo que es indispensable transparentar y evaluar los gastos fiscales; tener control de la deuda pública y que sea constituido un Comité Fiscal Independiente para reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre el endeudamiento federal, además de que se entregue una proyección sobre las metas en materia de deuda para los ejercicios 2017 y 2018.
El legislador perredista advirtió que el enojo de la gente se puede salir de control y poner en riesgo la estabilidad social.
Dijo que las aseveraciones del Secretario de Hacienda cuando dice que no hay marcha atrás y que el Presidente legitima cuando pide comprensión, no contribuyen a disminuir los ánimos exacerbados de la gente que no se va a aguantar ni lo está haciendo”.
Zambrano Grijalva aclaró de la misma manera que el nuevo incremento en el precio de las gasolinas y el diésel tampoco tiene relación directa con una mayor recaudación federal porque de acuerdo con lo reportado por la Secretaria de Hacienda- hasta noviembre pasado se habían obtenido 263 mil millones de pesos por la cuota fija que se le impone a cada litro de gasolina y que es parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Agregó que las proyecciones para este año equivalen a unos 252 mil millones de pesos a precios constantes de 2016, “lo que significa que si el Gobierno Federal desistiera de aplicar el aumento en las gasolinas y el diésel, de ninguna manera dejaría de recibir los ingresos presupuestados”.