Ante los cambios que ya se observan en los precios de las gasolinas a partir del primer día del 2017, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierte que vendrán más impactos “en el modo en que la industria de los hidrocarburos venía operando en México desde los años de la nacionalización de la industria petrolera y la creación de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el informe “El sector hidrocarburos en la reforma energética: retrocesos y perspectivas”, elaborado a tres años de los cambios constitucionales, Fundar recuerda que las empresas privadas nacionales y extranjeras también pueden participar en la exploración y extracción de hidrocarburos a través de contratos otorgados por el Estado.
A decir de los creadores de la reforma energética, estos cambios están enfocados a dar un mayor auge a la actividad petrolera y a la generación de facilidades legales para la operación de las empresas.
Sin embargo, destaca Fundar, esta etapa también traerá problemáticas como la “flexibilidad del nuevo régimen fiscal de los contratos que pasa ser definido discrecionalmente en cada proceso de contratación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no por una ley general como sucedía anteriormente”.
“Este cambio puede afectar los ingresos públicos del país, ya que los aportes que hacía Pemex han sido por muchos años la principal fuente de ingresos del Estado mexicano”, alerta el informe de Fundar.
“Un débil régimen de transparencia, acceso a la información, responsabilidades y rendición de cuentas del nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo -fideicomiso que tiene a cargo la gestión de todos los ingresos generados por la explotación de los hidrocarburos-, supone riesgos para la adecuada gestión de la principal fuente de recursos del presupuesto público”, consideran los expertos de Fundar.
Petróleos Mexicanos, al convertirse en empresa productiva del Estado, cuenta ahora con una serie de regímenes especiales que la excluyen de las disposiciones legales aplicables a la Administración Pública Federal y dejan buena parte de las decisiones y las acciones de control, auditoría y responsabilidades en el nivel interno.
“Esto significa la creación de un terreno propicio para los conflictos de interés y una mayor discrecionalidad en la toma de decisiones, que puede ir en perjuicio del interés público”, enfatiza el estudio.
Además, finaliza el estudio, “las leyes también establecen una serie de mecanismos para asegurar que los proyectos puedan operar, incluso por encima de consideraciones sociales, ambientales y climáticas”.
Estas y otras implicaciones de la reforma ponen de manifiesto los retos que México enfrenta a raíz de la misma, parte de los cuales ya se están manifestando en sus primeras fases de implementación.