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El operativo “mochila segura” no es una solución para atender y prevenir los casos de violencia en las escuelas que se encuentran enraizados en problemas complejos como la violencia, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad; violenta el derecho a la intimidad, la seguridad jurídica, no discriminación e interés superior, reclama la Red por los derechos de la Infancia en México, Redim.
La red conformada por defensores de infancia y adolescencia en al menos 26 entidades del país, piden atender de fondo esta problemática y ello implica “revisar las raíces estructurales de la violencia que se vive en nuestro país, tales como el modelo económico que hace más profundas las desigualdades sociales, así como la estrategia con la que se ha enfrentado al crimen organizado”.
Preocupa que Presidencia de la República haya instruido a la Secretaría de Educación Pública a “que se profundice en las medidas y protocolos que hoy siguen en las escuelas” en referencia a las revisiones al alumnado, así como el llamado a profundizar en aquellos protocolos que inhiban la introducción de armas o de cualquier otro elemento en los centros educativos del país.
Por ello, la Redim llama a qué se cite al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), presidido por el presidente Enrique Peña Nieto, para que formule la política pública encaminada a garantizar una vida sin violencia.
La Redim apunta que nuestro país ha vivido bajo un contexto de militarización de la seguridad pública y criminalización de la protesta social e impunidad durante los últimos 10 años e invariablemente ello ha tenido efectos en la vida de niñas, niños y adolescentes, entre ellos, la normalización de la violencia.
“Mochila segura, no previene ni protege a niñas, niños y adolescentes; tampoco la portación de armas, ya que está dirigidas a las consecuencias y no a las causas”, destaca la Redim.
El organismo observa que fiscalizar el programa sólo en las escuelas, omite invertir en acciones de política pública dirigidas a la prevención y atención.
El operativo realizado en la Ciudad de México instruido por el Jefe de Gobierno y donde se utilizó a 12 mil policías para revisar 8 mil escuelas es insostenible y violatorio de los derechos por lo cual ya tiene quejas ante el Consejo para Prevenir la Discriminación (Copred DF).
La REDIM pide al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a instalar de forma inmediata una mesa de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el Sistema de Naciones Unidas (ONU) a fin de analizar y definir el gasto público que se debe orientar para dicha implementación. Recordamos que la SHCP tiene la potestad de realizar ajustes al Presupuesto 2017 durante el primer trimestre del año.
Asimismo urgen destinar recursos económicos para atención, prevención y protección de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes ya que hasta la fecha no hay presupuesto etiquetado para esta finalidad.
Habría que incorporar, resalta la Redim, a las organizaciones de la sociedad civil en la creación de Protocolos de Alerta Temprana que permitan identificar situaciones de riesgo que coloquen a alumnas y alumnos en peligro a través de la creación de redes de apoyo y con la participación de niñas y niños.