Durante el ejercicio 2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) inició 2 mil 597 carpetas de investigación y determinó 422, de las cuales, 33 fueron judicializadas, 159 acumuladas, 78 determinadas por incompetencia y en 152 carpetas fue autorizado el no ejercicio de la acción penal.
Destacan los tipos penales como la fiscalización y rendición de cuentas de los partidos políticos y candidatos, transmisión ilegal de datos del Registro Federal de Electores, la realización de actos que afectan la libertad de sufragio, así como el uso de bienes y servicios para favorecer a un partido político.
El organismo precisó que de las 33 carpetas de investigación judicializadas, 12 fueron presentadas ante Jueces del estado de Puebla; cinco en Baja California Sur; dos en los estados de Durango, San Luis Potosí, Yucatán, México, Baja California, y Tamaulipas respectivamente; y una en los estados de Tabasco, Morelos, Nuevo León y Zacatecas.
De tal modo que se obtuvieron ocho vinculaciones a proceso: dos corresponden a Yucatán y Baja California Sur respectivamente, una en Puebla, Durango, San Luis Potosí, y Zacatecas respectivamente. De estas se obtuvieron cinco suspensiones condicionales del procedimiento.
También fueron libradas dos órdenes de aprehensión, una corresponde al estado de Tabasco y la otra a Tamaulipas y se señalaron 10 fechas para audiencias iniciales a celebrar durante el primer trimestre de 2017.
Cabe señalar, que de dichos asuntos llevados ante los Jueces de Control del nuevo Sistema de Justicia Penal, se encuentran expedientes considerados relevantes, tales como el ejercicio a funcionarios públicos de carácter federal y municipal, candidatos, funcionarios electorales, así como funcionarios partidistas.
En materia de Violencia Política se registraron 57 carpetas de investigación donde se detectó que el mayor índice de violencia política se comete contra mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas.
Con lo anterior, la FEPADE refrenda su compromiso en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el respecto a los derechos humanos.