Un jurado federal de Estados Unidos citó a declarar para la próxima semana a cuatro reporteros de The New York Times tras revelar las presuntas fallas de seguridad del nuevo avión presidencial Air Force One, una medida impulsada por el Departamento de Justicia para descubrir quién filtró los informes del Servicio Secreto que desataron la molestia del presidente Donald Trump.
¿Por qué genera polémica el nuevo avión presidencial de Donald Trump?
La controversia en Washington gira en torno a la reciente adquisición del mandatario estadounidense, quien el mes pasado retiró el histórico Boeing 747-200B que utilizaban los jefes de Estado desde la década de 1990. En su lugar, comenzó a operar una aeronave donada el año pasado por la familia real de Catar.
Este cambio de transporte despertó una intensa ola de críticas debido a los elevados costos necesarios para adaptar la unidad a los exigentes estándares de seguridad presidencial. Asimismo, legisladores y analistas han externado serias dudas sobre la fiabilidad del avión catarí y los posibles conflictos de interés que representa para el gobierno norteamericano recibir un obsequio de dicha nación de Medio Oriente.
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El descontento del presidente Trump con las publicaciones periodísticas se hizo evidente tras la cumbre de la OTAN. En ese viaje, el mandatario prefirió abordar el antiguo Boeing para trasladarse desde Turquía hacia una base militar en el Reino Unido, lugar donde finalmente abordó el nuevo y polémico avión. Aunque Trump justificó públicamente este movimiento como un simple arranque de "nostalgia", reportes de cadenas aliadas señalan que la revelación de las inquietudes del Servicio Secreto provocó su profunda indignación.
The New York Times impugnará orden judicial
Los periodistas llamados a testificar, Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, se preparan para dar una batalla legal.
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La directiva de The New York Times anunció que impugnará la orden del jurado, al considerarla un atentado frontal contra la libertad de expresión y la capacidad de los medios informativos para reportar temas de indudable interés público.
Por su parte, David McCraw, abogado principal de la redacción de The New York Times, condenó enérgicamente el proceder de las autoridades federales, criticando que los reporteros fueran notificados directamente en sus domicilios particulares. Calificó la acción del Departamento de Justicia como un descarado intento de intimidar a los profesionales de la comunicación para evitar que la ciudadanía se entere de los manejos internos del gobierno de su propio país.