El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha sido condenado este martes a cuatro años y dos meses de cárcel por el Tribunal Supremo de Brasil. Esta sentencia marca un precedente crítico, al ser hallado culpable de coacciones a la justicia por sus intentos de influir en el Gobierno de Estados Unidos para que aplicara sanciones contra su propio país, una noticia que sacude el escenario político regional.
La sentencia: cárcel y multas económicas
La alta corte, mediante una votación unánime de los cuatro jueces de la Primera Sala, impuso además de la pena privativa de libertad —que se cumpliría en régimen semiabierto— una multa de 100 salarios mínimos, equivalentes a 162.100 reales (aproximadamente 31.700 dólares). Esta decisión conlleva, de manera automática, la inhabilitación política por ocho años para el hijo del exmandatario.
El papel de las gestiones en Washington
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, detalló que el acusado admitió haber viajado a Estados Unidos en 2025 con el objetivo explícito de gestionar sanciones contra magistrados brasileños. Según De Moraes, estas acciones buscaban entorpecer los procesos judiciales relacionados con su padre, Jair Bolsonaro, quien fue condenado previamente a 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado.
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"Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general y contra Brasil", enfatizó el juez, desechando los argumentos de la defensa, que calificó las acciones como mera "interlocución política".
Un futuro incierto en Estados Unidos
Instalado en territorio estadounidense desde febrero de 2025 para fortalecer sus vínculos con la Administración Trump, el exdiputado no estuvo presente en la audiencia y fue representado por un defensor de oficio. Mientras el sistema judicial brasileño reafirma su postura contra las interferencias externas, la situación legal de Eduardo Bolsonaro se complica, dejando en el aire cuál será el próximo capítulo de esta saga judicial que pone a prueba los límites de la diplomacia y la ley.
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Con información de EFE.