La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha sacudido la política mexicana al revelar una acusación formal contra diez altos mandos de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala directamente al gobernador Rubén Rocha Moya y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa. Según el informe oficial, estos funcionarios habrían recibido sobornos millonarios a cambio de protección política y operativa para la importación masiva de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, utilizando el aparato estatal como un brazo del crimen organizado.
La red de corrupción: ¿Quiénes son los acusados?
La lista de implicados abarca desde la cabeza del Ejecutivo estatal hasta mandos policiales que, según las investigaciones, operaban bajo las órdenes de la facción de "Los Chapitos" dentro del Cártel de Sinaloa.
1. Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa)
El actual gobernador es acusado de obtener su cargo en 2021 gracias al apoyo de los líderes de los "Chapitos". Se le señala de ordenar el robo de urnas y la intimidación de opositores. A cambio, Rocha Moya habría permitido que el Cártel de Sinaloa operara con total impunidad, cediendo puestos clave en seguridad a personas alineadas con la organización criminal.
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2. Enrique Inzunza Cázarez (Senador de la República)
Exsecretario General de Gobierno bajo el mando de Rocha Moya. Se le acusa de pactar planes específicos para que la administración estatal protegiera al grupo delictivo a cambio de favores políticos que le permitieran mantenerse en el poder.
3. Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas)
Presunto enlace entre los líderes criminales y el gobernador. Se le señala de entregar nombres y direcciones de oponentes políticos al Cártel de Sinaloa para que fueran amenazados y obligados a retirarse de las contiendas electorales.
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Seguridad Pública al servicio del narco
El documento detalla cómo las instituciones de justicia fueron infiltradas por el Cártel de Sinaloa para evitar capturas y decomisos:
- Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de Sinaloa. Acusado de recibir sobornos mensuales para alertar sobre operativos respaldados por EE.UU., permitiendo que los laboratorios de droga fueran trasladados antes de las redadas.
- Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública. Habría proporcionado notificaciones previas sobre operativos contra el Cártel de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez: Exjefes de la Policía de Investigación. Ambos son señalados de liberar órdenes de aprehensión contra enemigos del grupo y permitir el libre tránsito de precursores químicos para fentanilo.
Culiacán: El epicentro de la protección municipal
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también figura en la lista negra. Como jefe de la policía municipal, habría permitido que el Cártel de Sinaloa operara sin interferencias en la capital del estado. Junto a él, el comandante Juan Valenzuela Millán es acusado de utilizar a más de 40 agentes municipales para tareas de sicariato, incluyendo el secuestro y tortura de informantes de la DEA en 2023.
Esta estructura criminal, de acuerdo con la justicia estadounidense, convirtió a Sinaloa en el nodo logístico del narcotráfico mundial. La acusación subraya que el Cártel de Sinaloa no solo compró protección, sino que integró a los funcionarios en su operatividad violenta, permitiendo que miles de asesinatos y el tráfico de sustancias letales como el fentanilo ocurrieran bajo el amparo del poder público, consolidando así el dominio absoluto del Cártel de Sinaloa.