La crisis de seguridad en Guatemala escaló este fin de semana luego de que el presidente Bernardo Arévalo de León decretara el estado de sitio en todo el país por un periodo de 30 días, tras una serie de ataques coordinados de pandillas contra fuerzas de seguridad y motines en centros penitenciarios. La medida busca contener una ola de violencia que dejó al menos ocho agentes policiales asesinados y mantiene en alerta a la población.
El anuncio fue realizado por el mandatario en cadena nacional, después de que el domingo se registraran ataques simultáneos contra elementos de la Policía Nacional Civil en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con las autoridades, los hechos estarían vinculados a represalias de grupos criminales tras operativos recientes en cárceles de alta seguridad.
¿Qué implica el estado de sitio?
El estado de sitio es una figura constitucional que permite al Ejecutivo ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad. En Guatemala, esta medida autoriza la detención de personas sin orden judicial, la restricción de reuniones o manifestaciones y una mayor presencia militar y policial en las calles. Su objetivo principal es restablecer el orden ante amenazas graves como el terrorismo, rebeliones o acciones del crimen organizado.
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Durante su mensaje, Arévalo de León fue enfático: “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”. El presidente aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno está dando resultados, lo que habría provocado la reacción violenta de las pandillas. “La estrategia contra los criminales está teniendo éxito y por eso están desesperados”, afirmó.
Ataques y motines como represalia
Según el mandatario, los grupos criminales se amotinaron el sábado en varias cárceles del país y, tras los operativos para retomar el control de los centros penitenciarios, lanzaron ataques directos contra la policía. “Quiero decirlo alto y claro: no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”, subrayó Arévalo.
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Los ataques dejaron un saldo de ocho agentes de la Policía Nacional Civil muertos, así como un presunto sicario abatido. Los atentados ocurrieron en distintos puntos de la capital y generaron un fuerte despliegue de seguridad en Guatemala, con patrullajes reforzados y operativos especiales.
Motines controlados en prisión de alta seguridad
En relación con los disturbios carcelarios, las fuerzas de seguridad lograron retomar el control de la prisión de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el sur del país. La Policía Nacional Civil informó que fue “neutralizado” Aldo Ochoa, líder de la pandilla Barrio 18 y uno de los principales instigadores del motín.
De acuerdo con las autoridades, Ochoa exigía su traslado a otra prisión y beneficios como aire acondicionado y comida a domicilio, demandas que fueron rechazadas por el gobierno. Desde el segundo semestre de 2025, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha han sostenido una confrontación directa con el Estado de Guatemala por el control de las cárceles, luego de que sus líderes fueran aislados en Renovación I.
El presidente aseguró que el estado de sitio no afectará de manera significativa la vida cotidiana ni la movilidad de la población, salvo la suspensión de la jornada educativa de este lunes en los sectores público y privado. El gobierno reiteró que la medida es temporal y será evaluada conforme evolucione la situación de seguridad.
Con este decreto, Guatemala entra en un periodo de excepción marcado por el desafío de contener a las pandillas, restablecer el control en las cárceles y garantizar la seguridad ciudadana, mientras el gobierno enfrenta una de las pruebas más complejas de su mandato en materia de orden público y Estado de derecho.
Con información de EFE.
