La Corte Suprema de Estados Unidos desechó este jueves, por unanimidad, la demanda del gobierno de México contra dos empresas de armas, a las que señalaba de facilitar el tráfico ilegal de armamento a los cárteles del narcotráfico y alimentar la violencia en el país.
Con votación 9 a 0, los jueces anularon una decisión previa que había permitido continuar el caso contra Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms. Según Associated World Press, el fallo se basa en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, vigente desde 2005, que protege a los fabricantes cuando sus productos son usados en delitos.
¿Qué argumentaba México?
La demanda, presentada en 2021 en Boston, acusaba a las empresas de mantener una red de distribución que permitía la venta a compradores de “paja”, quienes posteriormente traficaban armas a México. También afirmaba que las compañías promovían sus productos como de uso militar, apelando al mercado criminal mediante publicidad vinculada a fuerzas armadas.
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Las empresas negaron estas acusaciones y señalaron que fabrican y venden armas legales bajo regulación estadounidense.
¿Qué consecuencias tiene el fallo?
Con esta decisión, México pierde la posibilidad de obtener hasta 10 mil millones de dólares en compensación. La demanda buscaba abrir un precedente responsabilizando a fabricantes por el impacto transnacional de sus productos.
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México ha insistido en que la mayoría de los homicidios con armas de fuego en su territorio se cometen con armas provenientes ilegalmente de Estados Unidos, lo que representa pérdidas estimadas en más de 250 millones de dólares anuales.
La decisión de la Corte Suprema también podría influir en otros países que observaban este caso como un posible modelo legal para frenar el tráfico de armas. Organismos internacionales y ONG han señalado la necesidad de crear responsabilidades compartidas entre países fabricantes y receptores.
Desde Cancillería, el gobierno mexicano lamentó que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara su demanda contra los fabricantes de armas, y aseguró que continuará explorando vías diplomáticas y jurídicas para frenar el flujo ilegal de armamento que alimenta la violencia generada por los cárteles en el país.