Asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición y ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios contra adolescentes y otras personas, así como torturas y malos tratos a personas detenidas desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, fueron corroborados por Human Rights Watch (HRW).
Esto, tras entrevistar a 101 personas, entre ellas víctimas, familiares, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras fuentes locales entre julio de 2024 y abril de 2025. También se analizaron 76 videos, 17 fotografías, certificados de defunción, órdenes de aprehensión y otros documentos judiciales vinculados a la represión poselectoral, entregados directamente a los investigadores o difundidos en redes sociales.
En 104 páginas, el informe “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela” documenta violaciones de derechos humanos cometidas contra la oposición, críticos e inconformes, tanto durante las protestas como en los meses posteriores. Estos abusos fueron perpetrados por autoridades venezolanas, con el respaldo de grupos armados simpatizantes del gobierno, conocidos como “colectivos”.
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“El gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y hecho desaparecer a personas que apostaron por la democracia en Venezuela”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debería reafirmar su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela y presionar para que el gobierno de Nicolás Maduro rinda cuentas por las atrocidades que ha cometido”, enfatizó.
Tras las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Nicolás Maduro había sido reelegido presidente. Sin embargo, observadores electorales internacionales, especialmente el panel de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter, plantearon serias dudas sobre la legitimidad de los resultados. El Centro Carter concluyó que las actas de escrutinio recopiladas por la oposición indicaban, con alta probabilidad, que el candidato opositor Edmundo González había ganado por un margen significativo.
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Veinticuatro manifestantes y transeúntes fueron asesinados durante las protestas que estallaron en todo el país inmediatamente después de las elecciones. “La evidencia recopilada por Human Rights Watch indica que las fuerzas de seguridad venezolanas serían responsables de algunos de estos asesinatos. En otros casos, los responsables habrían sido los ‘colectivos’”, indica el informe. Inicialmente, las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos y realizaron detenciones durante las protestas, seguidas de ataques o actos de intimidación por parte de los colectivos contra manifestantes. Desde las elecciones, más de 2.000 personas han sido detenidas por protestar, criticar al gobierno o apoyar a la oposición. Cientos han sido acusadas de delitos como “incitación al odio” y “terrorismo”, los cuales conllevan penas de hasta 30 años de prisión.
“Varios detenidos han sido víctimas de desaparición forzada, lo que ha obligado a sus familiares a buscarlos en múltiples centros de detención e incluso en morgues. Entre las víctimas hay miembros de la oposición, sus familiares y decenas de ciudadanos extranjeros”, detalla el informe de HRW.
El 14 de septiembre de 2024, las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron al colombiano Manuel Tique, trabajador del Consejo Danés para los Refugiados, de 32 años, cuando cruzaba la frontera terrestre colombo-venezolana por motivos laborales. Las autoridades se han negado a proporcionar información a su familia sobre su paradero o sobre los cargos que se le imputan. Su familia sospecha que se encuentra en la cárcel Rodeo I, según información aportada por una persona que estuvo detenida allí.
El 8 de enero, Lucas Hunter, un turista franco-estadounidense de 35 años, comunicó a su hermana que las fuerzas de seguridad venezolanas lo habían detenido cerca de la frontera con Colombia. En un mensaje de audio enviado ese mismo día, relató que fue interrogado durante cuatro horas y que probablemente sería trasladado a Caracas. Desde entonces, su familia no ha recibido noticias suyas. Las autoridades han negado información sobre su ubicación y el motivo de su detención.
Las autoridades venezolanas han detenido arbitrariamente a un gran número de personas, violando de forma flagrante el debido proceso. A muchos se les ha negado el derecho a un abogado de su elección o el acceso a sus expedientes. Algunos fueron procesados en audiencias virtuales y grupales, lo que vulnera sus derechos.
El 10 de diciembre, Jesús Armas, exconcejal de Caracas y miembro de la campaña opositora, fue secuestrado por hombres encapuchados cuando salía de una cafetería en Caracas. Durante casi una semana, las autoridades se negaron a informar sobre su paradero o a aceptar la petición de habeas corpus presentada por su familia. Posteriormente, Armas le contó a su pareja que fue recluido en un centro de detención clandestino, donde agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) lo torturaron, asfixiándolo con una bolsa mientras lo interrogaban sobre miembros de la oposición. Armas permanece detenido sin acceso a su familia ni a un abogado.
El Ministerio Público asegura haber excarcelado a cientos de detenidos, pero muchos aún enfrentan procesos penales. Algunos han sido obligados a firmar documentos que les impiden divulgar información sobre su detención o procesos judiciales. También se han reportado casos de personas forzadas a grabar videos donde afirman que sus derechos fueron respetados.
Desde el inicio de la represión, numerosos venezolanos han abandonado el país en busca de protección en el extranjero. Sin embargo, muchos enfrentan sistemas de asilo con retrasos significativos en América Latina y procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos que han sido suspendidos por el gobierno de Donald Trump.
“La administración Trump parece priorizar la cooperación en temas migratorios y la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, por encima de los esfuerzos para defender los derechos humanos y el Estado de derecho”, advirtió Human Rights Watch. “Dado el peso diplomático de Estados Unidos en la región y la preocupación por la migración en América Latina, es probable que otros gobiernos adopten enfoques similares.”
Es posible que Nicolás Maduro “utilice esta cooperación a corto plazo para intentar legitimar su concentración de poder. Esto podría sentar las bases para una represión aún mayor en Venezuela, desencadenando nuevos éxodos de refugiados y migrantes”. HRW exhorta a la comunidad internacional a “contrarrestar el sistema de incentivos del régimen de Maduro, que premia a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para asegurar su lealtad, mientras castiga, tortura y obliga al exilio a los críticos, opositores e incluso a miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos”.
Human Rights Watch recomienda apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas, incluyendo la imposición de sanciones individuales y el respaldo al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) y de la Corte Penal Internacional (CPI).
Los gobiernos extranjeros deberían ampliar su asistencia a organizaciones de la sociedad civil venezolana, periodistas independientes y entidades que defienden la democracia y los derechos humanos. También deben ofrecer protección urgente a las personas forzadas a abandonar el país.
“Con ocho millones de venezolanos en el extranjero, la situación en Venezuela constituye la crisis de derechos humanos más significativa del hemisferio. Una respuesta internacional sostenida y basada en principios claros es crucial para toda la región”, concluyó Goebertus. “Los gobiernos extranjeros deben asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro tenga como condición mejoras verificables en materia de derechos humanos, incluyendo la liberación de personas víctimas de desaparición forzada o detención arbitraria.”