En un fallo histórico que define los límites del poder presidencial, una jueza federal ha bloqueado permanentemente a la administración de Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en las calles de Portland, Oregón.
La magistrada Karin Immergut, designada por el propio presidente, determinó que la Casa Blanca excedió su autoridad constitucional al federalizar la Guardia Nacional para responder a protestas, marcando un precedente crucial en la relación entre el gobierno federal y los estados.
El fallo se basa en la interpretación de leyes federales que regulan el uso de fuerzas militares dentro del territorio nacional. La jueza Immergut examinó específicamente si las condiciones en Portland cumplían con los requisitos legales establecidos en el Título 10, sección 12 mil 406 del Código de los Estados Unidos, que permite al presidente desplegar la Guardia Nacional estatal solo para repeler una invasión, sofocar una rebelión o cuando existe incapacidad para hacer cumplir la ley federal con las fuerzas regulares .
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En su análisis, la magistrada concluyó que no existía evidencia creíble de que Portland enfrentara una rebelión o peligro de rebelión, ni que el presidente fuera "incapaz de ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares" en Oregón cuando ordenó la federalización y despliegue de la Guardia Nacional.
¿Qué dice el gobierno de Donald Trump?
La administración Trump defendió que el despliegue era necesario para "proteger activos y personal federal tras disturbios violentos”. El Departamento de Justicia argumentó que las protestas habían incluido agresiones a agentes federales, daños a propiedades federales y amenazas contra el personal, creando una situación donde las fuerzas regulares no podían ejecutar las leyes de Estados Unidos.
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Por su parte, las autoridades de Oregón insistieron en que los incidentes violentos habían sido de pequeña escala y podían ser manejados por las fuerzas del orden locales y federales existentes. La gobernadora Tina Kotek afirmó consistentemente: "No hay insurrección en Portland. No hay amenaza a la seguridad nacional”, calificando el despliegue como una "peligrosa y antiestadounidense mala utilización" de la Guardia Nacional.
La orden permanente de la jueza Immergut establece un precedente significativo sobre los límites de la autoridad presidencial para desplegar tropas dentro del territorio nacional sin el consentimiento de los estados. Este caso trasciende el contexto inmediato de Portland, afectando el equilibrio constitucional entre el gobierno federal y la autonomía estatal.
Aunque la Casa Blanca ha indicado que apelará la decisión, posiblemente llevando el caso ante la Corte Suprema , el fallo representa una reafirmación judicial de que las declaraciones de emergencia para justificar intervenciones militares requieren evidencia sustancial y no meramente retórica política. Para las autoridades locales y defensores de derechos civiles, esta decisión marca una victoria crucial para el estado de derecho y la protección de las comunidades frente a lo que califican como uso político de las fuerzas militares.
Mientras tanto la decisión del Tribunal federal de bloquear permanentemente el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Portland, ya está dicho, y solo se espera la respuesta de Donald Trump.