Madagascar atraviesa una de las crisis políticas más delicadas de su historia reciente. Tras casi tres semanas de protestas masivas en la capital, Antananarivo, un poderoso sector del Ejército consumó un golpe de Estado que derrocó al presidente Andry Rajoelina.
La comunidad internacional, encabezada por la ONU y Estados Unidos, ha manifestado su profunda preocupación por lo que califican como un “cambio inconstitucional de poder” en el país africano.
Tres semanas de protestas juveniles
Las manifestaciones comenzaron el 25 de septiembre en las calles de Antananarivo, impulsadas principalmente por jóvenes de la llamada Generación Z. Lo que inició como un movimiento ciudadano para exigir mejores condiciones sociales y denunciar la corrupción del gobierno terminó por convertirse en una ola nacional de descontento.
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Las protestas crecieron en intensidad hasta paralizar buena parte de la capital, con enfrentamientos esporádicos y cierres de comercios y escuelas.
En ese contexto de tensión, el presidente Andry Rajoelina intentó mantener el control político mediante medidas que solo agravaron la crisis. La disolución de la Asamblea Nacional, anunciada a última hora para frenar una moción de censura en su contra, fue rechazada por el Parlamento, que respondió declarando vacante la jefatura de Estado.
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El papel del Ejército y el golpe consumado
La situación dio un giro decisivo cuando el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), una unidad de élite encargada de la logística militar, anunció su ruptura con el gobierno y su apoyo a los manifestantes. El grupo, liderado por el coronel Michael Randrianirina, tomó el control de varios puntos estratégicos de la capital y, poco después, asumió el poder.
El martes, el Tribunal Constitucional confirmó la vacancia presidencial luego de que Rajoelina asegurara haberse refugiado en un “lugar seguro” tras denunciar un intento de golpe de Estado.
Con el mandatario fuera del escenario político, Randrianirina anunció la creación del Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), que gobernará temporalmente el país. Entre sus primeras decisiones destacó la anulación de la Constitución de 2010, la suspensión del Tribunal Constitucional y del Senado, y la promesa de restablecer el orden con nuevas reglas políticas.
Celebraciones y preocupación internacional
Un día después, las calles de Antananarivo mostraban una cara distinta. En la emblemática Plaza del 13 de Mayo, epicentro de las protestas, grupos de jóvenes celebraban lo que llamaron una “victoria del pueblo”. Con banderas, música y pancartas, la generación que lideró las movilizaciones convirtió la plaza en una fiesta improvisada.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por el cambio de poder y pidió a todas las partes “colaborar en una solución pacífica que garantice la estabilidad democrática”. En un comunicado, reiteró la disposición de la ONU a trabajar junto con la Unión Africana y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) en la restauración del orden constitucional.
Con información de EFE y EuropaPress.