Más de tres docenas de abogados ingresaron una demanda civil en contra del presidente Donald Trump y cuatro dependencias del gobierno, como el Departamento de Seguridad Interior, y sus titulares por la orden ejecutiva firmada el lunes 20 en la que Trump busca acabar con la ciudadanía quienes nacen en Estados Unidos.
Los litigantes representan a un puñado de organizaciones en defensa de los derechos civiles, ubicadas en Maine, Massachusetts, California, Nueva York, Washington, DC, y New Hampshire, donde fue ingresada la querella.
“La ciudadanía por derecho de nacimiento encarna la promesa más fundamental de los Estados Unidos: que todos los niños nacidos en nuestro suelo comiencen su vida como miembros plenos e iguales de nuestra comunidad nacional, independientemente del origen, el estado o las circunstancias de sus padres”, inicia el reclamo.
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La demanda acusa a Trump de ignorar los dictados de la constitución, al emitir la orden ejecutiva “protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” la cual, dicen, “intenta subvertir uno de los valores constitucionales fundamentales” al negar la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense de una madre que está “ilegalmente presente en los Estados Enidos” o legal temporalmente, y un padre que no es ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
Los demandantes dicen que ese intento de Trump “es ilegal” toda vez que “la constitución y el congreso, no el presidente Trump, dictan quién tiene derecho a ser miembro pleno de la sociedad estadounidense”.
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Piden a un juez que la orden sea detenida pues viola directamente la cláusula de ciudadanía y el estatuto de ciudadanía por derecho de nacimiento.
En la petición de alivio, con que culmina el reclamo los demandantes hacen varias peticiones al tribunal; a. que declare a la orden ejecutiva inconstitucional e ilegal en su totalidad; que prohíba de manera preliminar y permanente a los demandados hacer cumplir la orden ejecutiva; que exija a los demandados que paguen honorarios y costos razonables de abogados; y que conceda cualquier otro alivio adicional que el tribunal considere justo y adecuado.