Bélgica, que ya se convirtió en 2022 en el primer Estado europeo -y el segundo del mundo- en despenalizar la prostitución, ha dado un paso más al aprobar su Parlamento que los trabajadores sexuales puedan tener contratos laborales con acceso a la seguridad social, bajas por enfermedad o maternidad, así como pensiones.
El Parlamento federal belga aprobó recientemente la primera ley laboral para los trabajadores sexuales del país, en su mayoría mujeres, lo que le concede acceso a la seguridad social (derecho a vacaciones anuales, bajas por enfermedad, maternidad o compensación por desempleo y pensiones) al tiempo que impone condiciones de acceso a la profesión.
"El trabajo sexual es un trabajo (...) Las trabajadoras sexuales también somos personas. Necesitamos y merecemos la misma protección laboral y derechos como cualquier otra persona que trabaje en un restaurante o en una fábrica"; cuenta a EFE Mel (29 años), trabajadora sexual en Amberes (Bélgica) desde hace siete años.
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En 2022, Bélgica ya se convirtió en el primer país europeo y el segundo del mundo -Nueva Zelanda lo hizo en 2003- en despenalizar la prostitución.
Esta reforma puso fin a la penalización a "terceros" -no a los empleadores-, introduciendo así una legalización gradual donde las trabajadoras sexuales solo podían ejercer como empleadas autónomas.
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Hasta ese momento, cualquier persona que prestase un servicio a trabajadoras sexuales a cambio de una remuneración (contables, conductores, asesores legales, propietarios de habitaciones, etc.) podía ser procesada por un delito.
La nueva ley reconoce un contrato laboral para quienes deseen ser empleados por otra persona y ofrece garantías al permitir, por ley, rechazar ciertos actos sexuales o a clientes sin que sea un motivo de despido, así como poner fin al contrato de manera inmediata sin repercutir en sanciones.
También, cualquier persona que cuente con antecedentes penales no podrá emplear a trabajadoras sexuales.