El Gobierno español inició este martes los trámites para eliminar la ley de 2013 que permite dar un visado o una autorización de residencia a extranjeros no residentes en la UE que adquieran una vivienda en España por un precio a partir de 500 mil euros con el fin de evitar el alza de los precios inmobiliarios; trámite que se le conoce como visa dorada.
Desde que se aprobó esa ley se han concedido 14 mil 576 permisos de residencia por inversiones inmobiliarias, de los que se han beneficiado sobre todo, según el Gobierno español, los ciudadanos procedentes de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México (entre ellos, el expresidente Enrique Peña Nieto).
El incremento del número de visas doradas
Coincidiendo con el inicio de la guerra Rusia- Ucrania en 2022, se han incrementado exponencialmente los llamado visados dorados (golden visa), lo que ha obligado a dar respuesta; dijo la ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó iniciar los trámites para modificar la ley.
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Según los datos del Gobierno español, fueron concedidos 461 visados por inversiones inmobiliarias en 2016; 947 en 2017; 998 en 2018; 861 en 2019; 632 en 2020 y 997 en 2021. Unas cifras que aumentaron considerablemente a 2 mil 017 y 3 mil 273 en 2022 y 2023, respectivamente.
¿En qué consiste la visa dorada o ‘golden visa’?
La ley permite obtener el visado por compra de inmuebles o inversión en activos financieros o proyecto empresariales, aunque, alrededor del 94 % de estos visados están vinculadas a inversiones inmobiliarias.
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Con este primer paso para modificar la ley de 2013 y eliminar este tipo de visados, el Gobierno busca una respuesta excepcional ante el problema de vivienda que se está sufriendo en algunos lugares y dar oportunidades a los que hoy tienen graves dificultades para encontrar vivienda por falta de oferta y tensión de precios.
En el caso de España un informe de esa organización anticorrupción sostiene que la ley aprobada en 2013 por el Gobierno presidido por el conservador Mariano Rajoy presenta vulnerabilidades tanto en el diseño, la regulación y la implementación, así como en el control, seguimiento y aplicación de medidas correctivas.
Organizaciones como Transparencia Internacional sostienen que la visa dorada conlleva riesgos como su utilización para blanquear capitales, evadir impuestos y alterar identidades, si no se toman medidas como una investigación de antecedentes pormenorizada y de verificación del origen de los fondos. Con información de EFE.