Ecuador quiere convencer a sus aliados de que el cisma causado por el asalto a la Embajada de México para detener a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, fue un acto de compromiso en la lucha contra la corrupción.
Y también fue en respuesta a lo que considera una infracción de México a los estatutos internacionales que regulan el derecho de asilo.
Bajo esta premisa la Administración del presidente Daniel Noboa buscará defender la insólita irrupción a la sede diplomática de México, que ha recibido un amplio repudio y condena de la comunidad internacional, pues numerosos países ven que se ha traspasado una línea roja al entrar a la fuerza en una embajada extranjera.
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La canciller, Gabriela Sommerfeld, en una entrevista con la televisión Teleamazonas, citada por la agencia Efe, dijo que el Gobierno aseguró tener indicios de un riesgo inminente de fuga de Glas.
Antes de que Glas solicitara asilo a México, ya estaba imputado por un presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el fuerte terremoto de 2016.
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También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por cohecho y asociación ilícita, ya que fue rechazada su solicitud de acceder al beneficio penitenciario de la 'prelibertad' tras haber cumplido ya en prisión cerca de cinco años, entre 2017 y 2022.
Glas siempre ha rechazado todas las imputaciones y acusaciones en su contra y se ha declarado un perseguido político y víctima de 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), al igual que el resto miembros del correísmo que están procesados y condenados, como el propio Correa (2007-2017), que reside en Bélgica desde 2017 donde cuenta con la condición de refugiado.
El asalto policial a la Embajada de México para una persona que acababa de recibir el asilo se dio un día después de que el Gobierno de Noboa expulsara a la embajadora mexicana, Raquel Serur, por unas declaraciones de López Obrador que consideró como inadmisibles.
En ellas, dentro del contexto del proceso electoral en México, López Obrador relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador con el resultado final de los comicios, donde Noboa se impuso en la segunda vuelta a la candidata correísta Luisa González.
Esto es calificado por la administración de Noboa como una intromisión a asuntos internos de Ecuador e interpretado como una transgresión a la Convención de Viena sobre la que México denuncia al país andino por el asalto a su embajada en Quito.