Estados Unidos denunció que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, por lo que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos.
Así se desprende del informe del Departamento de Estado de derechos humanos que, en esta edición, sitúa entre los principales problemas del país en materia humanitaria a los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+, entre otros aspectos.
Organizaciones internacionales y medios de comunicación informaron de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos y en algunos casos también por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de aduanas.
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La publicación concluye que no ha habido "cambios significativos" en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.
El informe destaca que la libertad de expresión padece "serias restricciones" en el país porque durante el año continuó "el descrédito oficial" a los periodistas, ya que diferentes políticos, entre los que se incluye al mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los desacreditaron y criticaron públicamente por "parciales, partidistas y corruptos".
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Las acusaciones de abusos sexuales cometidos por las autoridades durante detenciones y encarcelamientos es otro de los temas expuestos en el texto, en el que se resalta el hecho de que el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres cuente con nuevas directrices desde marzo de 2023.
Una de las alabanzas que recoge el informe en este ámbito es la detención por parte de las autoridades del exdirector de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, por poner al descubierto en 2005 la implicación del exgobernador de dicho estado, Mario Marín, en una red de trata sexual de menores.