Este miércoles, la Fiscalía de Ecuador confirmó que emprenderá acciones legales por terrorismo contra 13 individuos vinculados al asalto armado y violento al canal TC Televisión en Guayaquil, sucedido el martes pasado. Entre los implicados se encuentra un ciudadano venezolano y dos menores de edad.
Los once adultos, incluyendo al ciudadano extranjero, enfrentarán prisión preventiva en la Penitenciaría del Litoral por decisión judicial, mientras que los menores, de 15 y 17 años, serán trasladados a un centro de internamiento.
El Ministerio Público, con un período de instrucción de treinta días, señaló que los involucrados podrían formar parte de un grupo de delincuencia organizada, emitiendo órdenes de prisión preventiva en su contra.
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La Fiscalía respalda su caso con la denuncia presentada por los directivos del canal, los testimonios de los agentes y los empleados víctimas de las agresiones.
Adicionalmente, se informó que la Policía Judicial recolectó "pruebas y elementos hallados en el lugar de los acontecimientos", incluyendo armas de fuego (dos revólveres, dos pistolas y una subametralladora), municiones, explosivos, así como varios teléfonos celulares y radios de comunicación, todos debidamente ingresados en la cadena de custodia.
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La investigación iniciada por la Fiscalía aborda los hechos ocurridos en el canal de televisión, transmitidos en tiempo real. Según el informe fiscal, los agresores ingresaron al lugar portando armas de fuego, como pistolas y una repetidora, además de una granada tipo militar y tacos de dinamita.
Utilizaron estos elementos para intimidar al personal de seguridad y posteriormente a los trabajadores presentes, llegando finalmente al set de televisión, donde continuaron con amenazas y agresiones.
Dos personas resultaron heridas como consecuencia de la acción violenta, una por impacto de bala y otra por agresión física. Ambas fueron atendidas por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar después de que la Policía sofocara el ataque.
La legislación penal de Ecuador condena el delito de terrorismo con penas privativas de libertad que oscilan entre trece y dieciséis años. Este incidente marca un acto sin precedentes en la respuesta legal ante actos de violencia en el país.