Esta mañana, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) abrió un caso penal contra el fiscal y los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por la orden de arresto emitida el pasado viernes contra el presidente ruso, Vladímir Putin.
"La persecución penal tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal", informó en su comunicado el CIR, que menciona los nombres del fiscal y los tres jueces del CPI, entre los que figura el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godinez.
¿De qué acusan a Vladímir Putin?
El 17 de marzo, la CPI calificó a Vladímir Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a su país, lo que supone un crimen de guerra, según el tratado de ese tribunal, el Estatuto de Roma.
La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, con la misma acusación.
Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.
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Rusia responde
El gobierno ruso calificó de "nula jurídicamente" la orden de arresto del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ordenada el viernes por la Corte Penal Internacional (CPI) por la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania, lo que supone un crimen de guerra.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
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La responsabilidad individual de Vladímir Putin, como jefe de Estado de Rusia y responsable superior, podría traducirse tanto en “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros”, o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la Corte Penal Internacional.