La negociación para el futuro certificado de Covid-19 europeo anuncia un choque entre el Parlamento Europeo y los Gobiernos comunitarios, con posiciones distintas sobre las ventajas que debe dar ese documento.
Estas discrepancias quedaron de manifiesto en un debate en el Parlamento Europeo previo a que los eurodiputados fijen su postura negociadora sobre el documento para poder iniciar las conversaciones con los países la próxima semana, con la intención de que el certificado esté funcionando para finales de junio.
El coordinador de las negociaciones por parte de la Eurocámara, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, incidió en su intervención en los capítulos clave por los que los eurodiputados pelearán en el formato final de este certificado durante las negociaciones en mayo.
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López Aguilar recalcó que el nuevo esquema debería “acabar con la situación caótica de la que venimos” ante la “acumulación de medidas contradictorias y discriminatorias” de cada país, que tiene la potestad de imponer las restricciones que desee a los viajeros que entran en su territorio.
No obstante, esta posición choca con la que los países de la Unión Europea, que recuerda que tener este certificado no equivale a poseer un pasaporte de viaje e insiste en que cada país debe tener la potestad de aplicar más restricciones a quien entre en su territorio.
Bruselas argumenta que las nuevas variantes del virus “están causando incertidumbres significativas” y que la discusión sobre el uso del certificado “tiene el potencial de evitar que avancemos de forma pragmática”. “No podemos esperar a que se respondan todas las preguntas antes de actuar”, advirtió el comisario.