La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este martes sobre “los riesgos y las consecuencias” que conllevan un proyecto de ley en México para regular contenidos en las redes sociales y que podría derivar en “limitaciones a la libertad de expresión en el área digital”.
La organización, con sede en Miami (Florida, EEUU), expresó en un comunicado su preocupación por la iniciativa dada a conocer el lunes, precisamente a través de las redes sociales, por el legislador Ricardo Monreal, del partido Morena y quien espera ingresar el proyecto en el Senado mexicano en las próximas semanas.
La propuesta propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, entre otros aspectos, crear la figura de las “autorizaciones para los servicios de redes sociales”, y prevé además “un sistema de sanciones y multas sobre los contenidos que los usuarios cargan a las plataformas”, como señaló la SIP.
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Establece además la definición de redes sociales relevantes para aquellas con un millón o más suscriptores o usuarios.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, alertó sobre el riesgo que supone el “surgimiento de desproporcionadas iniciativas para regular la información en esas plataformas, tal como muchas veces se ha intentado regular sobre los contenidos de los medios periodísticos”.
El también presidente de la empresa periodística Grupo Opsa, de Honduras, recordó que expresaron la misma preocupación por el bloqueo en enero de las cuentas personales del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las redes sociales.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, señaló que “la regulación de las redes sociales es un tema complejo y requiere de los Gobiernos mucha sabiduría”, en especial cuando la legislación “corre el riesgo de entrometerse en los contenidos de los usuarios” e imponer límites a “contenidos que trascienden las fronteras del país”.
Canahuati y Jornet resaltaron que muchos de los delitos existentes contenidos en las propuestas legislativas en esta materia, entre ellos violación de la privacidad, pornografía, pederastia, difamación, ya figuran en los códigos civiles y penales, y que no es necesario “crear una especie de regulación para ‘delitos digitales'”.
Aludieron a la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital, emitido por la SIP, y que señala que “la legislación y las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos”.
Los directivos de la organización sugirieron a los Gobierno y congresistas que en vez de legislar “compulsivamente” sobre redes sociales tomen contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Agregaron que ambas entidades crearon en años recientes varios documentos sobre libertad de expresión digital, y que además han convocado a una audiencia pública sobre internet y contenidos en las redes sociales para el próximo 25 de marzo.