Australia aprobó este jueves una ley que fuerza a Google y Facebook a pagar a los medios locales por los contenidos que se publican en sus plataformas, una legislación pionera que puede servir como referencia a otros países para impulsar medidas similares.
La ley “garantizará que los medios de comunicación reciban una remuneración justa por los contenidos que generen, lo que ayudará a mantener al periodismo de interés público en Australia”, dijo este jueves en un comunicado el ministro australiano del Tesoro, Josh Frydenberg.
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Antes de la aprobación, el Gobierno presentó el martes una serie de enmiendas técnicas sobre su propuesta de ley, el mismo día en que Facebook y el Ejecutivo anunciaron el restablecimiento en los próximos días del acceso a las noticias australianas, que fue bloqueado por la red social como medida de presión.
The Morrison Government\u2019s world-leading news media bargaining code has just passed the Parliament.
This is a significant milestone.
This legislation will help level the playing field & see Australian news media businesses paid for generating original content. @PaulFletcherMP pic.twitter.com/33bQbiqeMI
— Josh Frydenberg (@JoshFrydenberg) February 24, 2021
La ley de pagos por contenidos periodísticos fue elaborada a raíz de las investigaciones de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, según sus siglas en inglés), sobre el desequilibrio en los ingresos publicitarios entre las tecnológicas y los medios publicitarios en Australia.
La ACCC determinó en su informe final sobre las plataformas digitales, publicado en diciembre de 2019, que éstas concentraban el 51 por ciento del gasto publicitario en 2017 en el país oceánico.
La nueva legislación de Australia -una de las democracias con la mayor concentración en la propiedad de medios y en el que tiene fuerte presencia el grupo News, de Rupert Murdoch- obliga a las empresas tecnológicas a negociar con las periodísticas una contraprestación por las noticias que se publican en sus plataformas.
Pero las enmiendas dan un mayor margen de negociación a las tecnológicas en sus acuerdos con los medios, dado que podrán seleccionar a sus proveedores y no están obligadas a suscribir un acuerdo forzado si ya han firmado convenios previos.
Por otro lado, la ley considera como último recurso la intervención de un panel de arbitraje, cuya decisión es vinculante para fijar el monto a pagar si no se produce un acuerdo comercial entre las partes, uno de los aspectos más importantes de la propuesta.
La inclusión de las enmiendas a la ley después de que Google amenazara con suspender sus servicios de búsqueda en el país y Facebook interrumpiera su servicio de publicación de noticias (aún sin restablecer) hace sospechar a algunos analistas que la ley no llegará a aplicarse.
“El código permanecerá en los libros de leyes, sin ser utilizado. No se designará a nadie”, remarcó el jurista Michael Bradley en un artículo de opinión publicado el miércoles en la revista política Crickey, al apuntar que las plataformas y los grandes grupos mediáticos alcanzarán rápidamente sus acuerdos.
Google ya suscribió este año acuerdos con grandes empresas mediáticas para alimentar su hilo de noticias, mientras que Facebook firmó en Australia su primera carta de intención con Seven West Media, propietarios del Canal 7, para que le brinde contenido periodístico, lo que hace temer que las organizaciones pequeñas e independientes se queden fuera de juego.
Bradley advirtió de que el dinero de las tecnológicas acabaría en manos de los grandes grupos mediáticos sin que éstos tengan “la obligación de gastarlo en el supuesto objeto de todo este alboroto, el periodismo real”.
“El intermediario -el gobierno- será eliminado”, añadió.