El Tribunal Supremo español decidirá el próximo 24 de septiembre si avala la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, enterrado en un monumento próximo a Madrid, una promesa del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez paralizada ante un recurso de la familia.
Fuentes jurídicas informaron de la fecha del fallo, que resolverá definitivamente el contencioso entre el Gobierno, que aprobó la exhumación y fijó la fecha para el 10 de junio pasado, y la familia, que se niega a acatar esa decisión y recurrió a los tribunales.
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Franco, fallecido en noviembre de 1975, fue enterrado en la basílica del Valle de los Caídos, un monumento que el dictador mandó construir para conmemorar el final de la Guerra Civil (1936-1939) y se convirtió en un símbolo para los franquistas, vencedores de la contienda.
Su sepultura está en un lugar destacado del templo, a los pies del altar mayor, junto con los restos del fundador del partido de corte fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.
El ejecutivo aprobó la exhumación en aplicación de la ley de Memoria Histórica, destinada a reconocer y reparar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista que siguió (1939-1975).
La Sala del Tribunal Supremo que lleva el caso resolverá definitivamente sobre la eventual exhumación y su posterior inhumación, para lo que hay dos opciones: el cementerio de El Pardo, próximo al lugar donde tenía fijada su residencia el dictador, como quiere el Gobierno o en la catedral de Madrid, en el centro de la capital, lugar elegido por la familia en caso de que la exhumación fuera inevitable.
El Ejecutivo confía que el Alto Tribunal le dará la razón y acabará permitiendo el traslado de los restos del dictador al cementerio de El Pardo, donde ya está enterrada su esposa, Carmen Polo, y le permite “garantizar tanto las condiciones de dignidad y respeto como la digna sepultura exigidas”.
En su recurso, los nietos de Franco incidían en las “vulneraciones de la legalidad ordinaria” que cometió el Gobierno y hacían hincapié en que ellos no son titulares de la cripta del cementerio de El Pardo, sino que es propiedad de Patrimonio Nacional, organismo público encargado del mantenimiento de los bienes históricos vinculados a la Corona española.