El juez federal estadunidense Michael J. McShane, del estado de Oregon, adelantó hoy que bloquearía una controversial medida del gobierno del presidente Donald Trump para restringir el programa federal de planificación familiar Título X.
El juez McShane, quien fue designado por el expresidente Barack Obama, dijo que otorgará un recurso preliminar contra los cambios que entrarán en vigencia el 3 de mayo, y que prevén quitar fondos a cualquier grupo de planificación familiar que ofrezca abortos o canalice pacientes a proveedores de abortos.
El portal Político indicó que McShane escuchó argumentos en contra de la restricción en un par de demandas presentadas por las organizaciones de salud reproductiva Planned Parenthood y la Asociación Médica Estadunidense y por una coalición de más de 20 estados.
Los demandantes dicen que la regla emitida por Trump en febrero debe ser eliminada o bloqueada, al señalar que interfiere con los derechos de los pacientes a la consejería sobre opciones de embarazo, y sobrepasa la autoridad de la administración.
La presidenta de Planned Parenthood Federation of America, Leana Wen, dijo en un comunicado que el anuncio es “una victoria para los pacientes y los médicos”, y prometió seguir la lucha en los tribunales y en el Congreso.
La Asociación Médica Estadunidense apuntó que la regla obstaculizaría la atención médica a pacientes de bajos ingresos. “Nos complace que el juez haya compartido la preocupación de la AMA sobre la relación médico-paciente que la regla hubiera puesto en peligro”, dijo la presidenta del grupo de médicos, Barbara McAneny.
Una veintena de estados, varios proveedores médicos y grupos de derechos reproductivos también han recurrido a la justicia para bloquear el cambio al Título X, en audiencias celebradas la semana pasada en San Francisco, y se esperan nuevos argumentos esta semana en Maine y el estado de Washington.
Según la administración Trump, la Corte Suprema avaló una restricción similar emitida por la administración Reagan que nunca se implementó completamente.
El Departamento de Justicia arguye que la regla está justificada porque, a pesar de una prohibición prolongada a otorgar fondos federales a abortos, grupos como Planned Parenthood podrían “mezclar” esos recursos para servicios anticonceptivos y exámenes de detección, con otros fondos utilizados para la atención del aborto.