El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció que durante las protestas sociales de las últimas cuatro semanas las fuerzas del estado hicieron uso excesivo de la fuerza y no respetaron protocolos.
"Tenemos gran compromiso con los derechos humanos, haremos el mayor esfuerzo para que todas las denuncias se investiguen, juzquen y sancionen. Mi solidaridad a víctimas y sus familias", escribió el mandatario la noche del 18 de noviembre.
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El mandatario aseguró que el gobierno cambió junto con el país y que su administración ha escuchado "con atención y humildad" las demandas populares de justicia, igualdad y dignidad.
Este discurso contradice el tono inicial del presidente de Chile, quien respondió a las protestas decretando el toque de queda en un país marcado por la represión militar de los años 70 y 80, y declaró que el país estaba en guerra contra "un enemigo poderoso".
En contrasentido a las palabras conciliadoras del mandatario, este martes diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista presentaron ante el Congreso una acusación constitucional contra Sebastián Piñera.
Los parlamentarios acusan al presidente de violar derechos humanos mediante la represión contra manifestantes, entre quienes se cuentan 222 personas con traumas oculares, según un recuento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Piñera admitió que el proceso crítico iniciado hace un mes aún no concluye y reiteró el llamado a redactar una nueva constitución. La actual es rechazada por distintos sectores chilenos como una herencia política de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
"El desenlace de estas cuatro semanas aún no está escrito. Depende de nosotros construir y recorrer los caminos que conduzcan a nuestro país a un buen puerto. Hemos dado pasos importantes y en la dirección correcta. Estoy seguro que los chilenos sabremos levantarnos", escribió.
Pese a los esfuerzos del gobierno de Piñera de desincentivar la protesta social con un llamado a reconstruir el acuerdo social, chilenas y chilenos siguen saliendo a las calles en reiteración de sus demandas, además de acusar simulaciones y candados no representativos en las propuestas oficiales rumbo a una nueva constitución.
Las víctimas
Cifras oficiales indican que al menos 23 personas han muerto en Chile durante las últimas semanas, cinco de ellas por disparos de uniformados, en el marco de las protestas contra las políticas sociales y económicas vigentes.
De acuerdo con la última actualización del recuento de detenidos y heridos del INDH, en Chile han sido presentadas en comisarías al menos seis mil 362 personas, y dos mil 391 han sido ingresadas a hospitales por heridas por bala, perdigón, arma de fuego no identificada, balines, golpes, gases u otras causas.
Además, al menos 222 personas han sido lesionadas en los ojos por fuerzas de seguridad del estado durante las protestas de las últimas semanas, que exigen reducir la desigualdad en el país y frenar las políticas neoliberales que han llevado a la privatización del agua y del sistema de pensiones, entre otros aspectos.