El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que el país ha activado mecanismos “diplomáticos y jurídicos” para que personas presuntamente involucradas en el atentado contra el presidente, Nicolás Maduro, “puedan responder ante la justicia venezolana”.
Rodríguez señaló en declaraciones a la televisión estatal VTV, que “se dieron reuniones” con el encargado de negocios de Estados Unidos, James Story, y diplomáticos de Colombia informándoles “de los resultados de las pesquisas” y solicitando colaboración para los procedimientos.
Dijo que las reuniones se dieron con el objeto de que “aquellos que se encuentran residenciados o protegidos” en Colombia y en Estados Unidos “puedan pagar ante la justicia por la acción material o intelectual” del atentado contra el gobernante venezolano.
Tras las primeras investigaciones por este hecho, el Gobierno de Maduro señaló como posibles autores intelectuales a Rayder Russo Márquez, “alias Pico, protegido en Colombia”, y Osman Delgado, “financista residenciado en Estados Unidos“, ambos involucrados en el asalto a un fuerte venezolano ocurrido en agosto del año pasado.
Ante eso el mandatario consideró que debe explicarse a los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia las pruebas que implican a varios de los “responsables directos” para pedirles su extradición.
“Yo quiero que se le explique al Gobierno de los Estados Unidos, y al nuevo Gobierno de Colombia, de manera detallada, todas las pruebas que nos conducen a cómplices y responsables directos que viven en el estado de Florida, haciendo uso de los acuerdos de extradición”, dijo Maduro al presentar “pruebas” del intento de magnicidio.
El presidente ha señalado directamente al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos de estar tras este atentado aunque las pruebas de esta vinculación aún no han sido presentadas.
Por estas investigaciones también se señala a los diputados opositores Julio Borges, que se encuentra fuera del país, y Juan Requesens, que fue detenido, a quienes la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que no reconocen numerosos Gobiernos del mundo, les levantó ayer la inmunidad parlamentaria.
La fiscalía venezolana asegura que al menos 19 personas están vinculadas con el hecho y que se encuentra tramitando la solicitud de extradición de Colombia y EEUU de los “financistas” del ataque.