El Partido de los Trabajadores (PT) lanzará el sábado la candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva a la Presidencia con un programa basado en el alza de impuestos a las clases altas y los bancos, y el veto a la venta de empresas públicas, aunque con la incertidumbre de si podrá contender.
Con Lula da Silva encarcelado desde el 7 de abril pasado por corrupción, el PT -la mayor formación de izquierda en Brasil- insiste en que no tiene “plan B” para los comicios de octubre próximo, en los que el exsindicalista es el gran favorito en los sondeos, con cerca del 30 por ciento de la intención de voto.
Recluido en una celda en la sede de la policía federal de Curitiba, en el sur del país, Lula da Silva no puede dar entrevistas, pero se mantiene como gran favorito en las encuestas, con algunas proyecciones que le dan hasta un 40 por ciento de los votos.
El PT, por su parte, ya presentó por medio del exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad -señalado como posible sustituto de Lula da Silva si éste es inhabilitado por sus problemas judiciales-, los ejes de la política del partido si vuelve al poder.
El partido de izquierda, afectado por los escándalos de corrupción y la caída de Dilma Rousseff en un polémico juicio político que en 2016 puso fin a 13 años ininterrumpidos de gobernar Brasil, propuso una reforma del sistema de medios de comunicación para acabar con los monopolios, así como mayores impuestos a las clases altas y las inversiones en bolsa.
La gran incógnita es saber si Lula da Silva podrá participar en los comicios, por lo que las próximas semanas serán claves para dilucidarlo a nivel judicial.
La Corte Suprema de Brasil podría analizar la próxima semana el recurso de libertad presentado por los abogados del exmandatario, de 72 años, en vísperas de que concluya, el 15 de agosto, el plazo para que Lula pueda inscribir su candidatura a las elecciones.
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Luiz Fux, magistrado también de la Corte Suprema, consideró que el exsindicalista no podría participar en los comicios por su condena a 12 años y un mes por cargos de corrupción y lavado de dinero.
Los abogados del expresidente, quien afirma ser víctima de una persecución judicial con tintes políticos, aseguran que pueden suspender la “inelegibilidad” de Lula da Silva judicialmente porque hubo, según ellos, irregularidades en el proceso de apelación.