El gobierno saliente de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) concluyeron este miércoles en La Habana su sexto ciclo de conversaciones sin lograr su objetivo de concretar un cese el fuego bilateral temporal que garantice el avance del proceso de paz, iniciado hace más de un año.
“No se ha logrado el objetivo de alcanzar un cese el fuego, pero se ha avanzado bastante”, dijo el jefe negociador del gobierno, Gustavo Bell, quien subrayó que la tregua “es necesaria para dar garantías a la sociedad para participar directamente en la construcción de la paz”.
Este es el último ciclo de conversaciones que mantendrán la Administración del presidente saliente Juan Manuel Santos con el ELN, que ha reiterado su voluntad de mantener el diálogo con el mandatario electo Iván Duque, sin que haya aún un pronunciamiento del nuevo gobierno sobre el futuro de las negociaciones.
Las dos partes insistieron, en una declaración a la prensa sin preguntas, en que tanto la negociación del alto el fuego bilateral temporal como el diseño de la participación de la sociedad en el proceso de paz han quedado muy avanzados en este tramo de los diálogos.
Hace 8 años nos propusimos acabar un conflicto que estaba matando a hijos de una misma nación. Lo hicimos posible y hoy construimos juntos #LaPazElMejorLegado. Esto es de todos los colombianos pic.twitter.com/U1KhqWbJLh
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 1 de agosto de 2018
Bell, que previsiblemente no seguirá al frente del equipo negociador del nuevo ejecutivo, subrayó que el fin del sexto ciclo coincide con el del mandato del presidente Santos, durante el cual se “impulsó una paz completa, y como parte de ella este proceso de conversaciones con el ELN”.
Precisó, sin embargo, que será el nuevo mandatario, Iván Duque, quien tome una decisión respecto a este proceso, aunque recordó también que la Constitución colombiana establece “que la paz es un derecho y un deber constitucional”.
El diálogo iniciado a principios del 2017, agregó, deja unos “un legado y unos avances que constituyen un activo del país”.
Según el alto funcionario, el Estado colombiano “es el primero en reconocer la situación que se vive en los últimos meses con respecto a los líderes de organizaciones sociales” y el incremento de la violencia, aunque ya puso en marcha medidas “que empiezan a dar sus resultados”.
“Es un fenómeno que obliga a la reflexión de todos, es un problema bastante complejo de encarar pero el Estado está tomando las medidas para garantizar la vida de todos los colombianos”, añadió Bell, si bien apostilló que en estos hechos “participan organizaciones criminales y de otro tipo que también están afectando la vida de los colombianos”.
El jefe negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, aseguró por su lado que en los últimos días las partes avanzaron “significativamente” en los “trazos gruesos” de la nueva tregua y que el ELN aspira a que lo concretado en este ciclo sea la “base del trabajo del séptimo ciclo a realizarse con el nuevo Gobierno”.
El grupo insurgente insistió así en su aspiración de que el gobierno entrante “dé continuidad al desarrollo de esta agenda y de estas conversaciones”.
Al igual que Bell, Beltrán destacó la importancia de que las negociaciones tengan lugar con una tregua bilateral en vigor, algo que además facilita “el diálogo nacional para que la sociedad aporte al proceso de paz”.
El líder negociador del ELN también confió en que “este cese ayude y dé cobijo a muchos sectores de la sociedad colombiana, líderes sociales, activistas que hoy están siendo objeto de persecución y genocidio”.
Las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano comenzaron su fase pública en febrero de 2017 en Quito y se trasladaron a La Habana en mayo pasado, después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, retirara a su país como garante y sede del proceso de paz.