El Tribunal Supremo español denegó este jueves la excarcelación del independentista Jordi Sánchez, candidato a la presidencia regional de Cataluña en un pleno de investidura convocado para el viernes, indicó la corte.
El juez instructor Pablo Llarena tomó la decisión después de que el presidente del Parlamento catalán, el también independentista Roger Torrent, solicitara en vano la excarcelación de Sánchez para asistir al pleno.
Torrent había pedido en declaraciones a la radio Cadena Ser “proteger y hacer efectivos los derechos políticos” de Sánchez, acusado de rebelión y en prisión preventiva desde el 16 de octubre en una cárcel cerca de Madrid.
Llarena comentó que Sánchez ha mantenido su derecho a concurrir a elecciones y a ejercer el voto como diputado electo. Pero justificó su mantenimiento en prisión ante el riesgo de “reincidencia” y de “quebranto” del orden constitucional que supondría su puesta en libertad y su eventual asunción como presidente regional.
Igualmente, el juez ha desautorizado una investidura a distancia.
Sánchez está procesado por rebelión por arengar a decenas de miles de independentistas que, en una manifestación en Barcelona el 20 de septiembre, mantuvieron acorralados durante horas a unos guardias civiles mientras registraban un edificio del ejecutivo catalán por orden judicial.
Torrent propuso de nuevo su candidatura para el pleno de este viernes, y pidió a la justicia que lo libere amparándose en una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
A la espera de un examen en profundidad, dicho comité pidió a España que garantice el “respeto de los derechos políticos” de Jordi Sánchez, sin detallar qué entiende por esos derechos ni las medidas que deberían tomarse.
Cataluña se encuentra bajo tutela del gobierno central y sin ejecutivo regional desde el 27 de octubre, cuando el gabinete de Carles Puigdemont fue cesado en su totalidad horas después de la declaración unilateral de independencia formulada en el Parlamento catalán.
Los independentistas renovaron luego su mayoría de escaños en el Parlamento en los comicios regionales del 21 de diciembre.
Pero no han logrado investir a un presidente, y desde hace meses se ha instalado un diálogo de sordos entre el gobierno español, que pide un candidato “viable”, y los separatistas, que insisten en un candidato “legítimo”, aunque tenga problemas con la justicia.
El bloqueo persiste, y si no se elige a un nuevo presidente regional de aquí al 22 de mayo habrá nuevas elecciones regionales hacia mitad de julio.