El procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, criticó este sábado a jueces federales por impedir que el gobierno del presidente Donald Trump implemente políticas que van de las sanciones a las ciudades santuario hasta la presencia de soldados transgénero en el Ejército.
“Los jueces están yendo más allá de límites adjudicativos y se están convirtiendo en superlegisladores para todo Estados Unidos”, consideró el abogado de la nación, en un discurso ante el grupo legal conservador Sociedad Federalista.
“Esta es una cuestión de poder absoluto: quién puede decidir las cuestiones de política que enfrenta Estados Unidos: ¿nuestros representantes electos, nuestro presidente electo, o jueces federales con cargos de por vida no electos?”, expresó.
Desde que asumió el cargo el año pasado, Trump ha enfrentado reveses a sus decisiones con 22 medidas cautelares a nivel nacional, lo que según Sessions excede el número de medidas cautelares emitidas por tribunales nacionales en 200 años.
Sessions criticó a los jueces federales que han impedido políticas de Trump mediante medidas cautelares a nivel nacional, que son sentencias judiciales que prohíben al gobierno imponer leyes contra cualquier persona en el país antes de un juicio, incluidos a quienes no sean parte en la demanda.
Por ejemplo, una orden judicial a nivel nacional que bloqueó los esfuerzos de Trump para quitar subvenciones federales a las ciudades santuario se extendió a todas las urbes en esa condición, aunque no estuvieran incluidas en la demanda.
Otras medidas frenadas en cortes son la prohibición de entrada de musulmanes al país, la eliminación del programa DACA para jóvenes indocumentados, restablecer la prohibición al enrolamiento miliar de personas transgénero y cambiar la cobertura a métodos anticonceptivos en planes de salud.
Pero otros presidentes también han litigado en los tribunales contra medidas cautelares, como el expresidente Barack Obama, quien se enfrentó a una orden judicial sobre su plan de 2014 para ampliar la amnistía a los inmigrantes que enfrentaban riesgo de deportación.
Sessions dijo que Obama y el expresidente William Clinton, ambos demócratas, son quienes han enfrentado más mandatos judiciales después de Trump, y dijo: “esto no es un asunto político o partidista… Es un problema constitucional y una cuestión de estado de derecho”.
Según el procurador, mediante las medidas cautelares a nivel nacional, los jueces gobiernan con base en sus opiniones personales y no a la ley federal.
En septiembre, el juez de distrito de Estados Unidos, Nicholas Garaufis, del Distrito Este de Nueva York, calificó a la administración Trump como “sin corazón” por negarse a extender la fecha límite de octubre para los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
“No es ilegal ni cruel”, replicó Sessions, al alegar que ese tipo de argumentis “está mal”, y que “los jueces deberían emitir opiniones: opiniones legales que se refieren a cuestiones legales del caso, no a la política o sentimiento personal”.
Sessions dijo que el Departamento de Justicia está “ansioso” de impugnar las medidas cautelares a nivel nacional ante la Suprema Corte de Estados Unidos, donde Trump tuvo ya éxito en diciembre, cuando el tribunal superior permitió poner en vigencia una tercera versión de la prohibición de viajes al país.
Ese mismo mes, la Suprema Corte suspendió temporalmente la orden de un juez federal para exigir que el gobierno entregue más documentos con respecto a su decisión de acabar con DACA.
Sessions dijo que la mayoría de las demandas contra la administración Trump se han presentado en California y Hawai, donde hay jueces más liberales, mientras que los litigios contra la anterior administración de Obama se presentaban en lugares con cortes más conservadoras, como Texas.
Sessions también deploró que cuando hay resoluciones contradictorias en diferentes tribunales del país, los demandantes ganen con una sola vez que se implemente un mandato nacional, mientras que el gobierno tiene que ganar en cada nivel de apelación.
“Esperamos que la Suprema Corte resuelva este problema”, apuntó Sessions. “No cabe duda de que los tribunales deberían poner fin a medidas cautelares en todo el país y evitar que los activistas de ambos lados paralicen el gobierno federal”, finalizó.