La ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014), fue capturada este miércoles por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Tegucigalpa por un presunto caso de corrupción.
A Bonilla, quien fue aprehendida hacia las 06.00 hora local, se le acusa de haber traspasado dineros de una cuenta bancaria de un programa social a una particular suya por unos 12 millones de lempiras (unos 506 mil dólares), a cuatro días de que concluyera el mandato de su esposo, el 27 de enero de 2014.
El pasado día 22, el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) presentó seis líneas de presuntos actos de corrupción en la administración pública que implicaron a la ex primera dama, un ex gerente de Energía, dos diputados y un magistrado del Poder Judicial, entre otros.
En el caso de Bonilla, el CNA presentó el 31 de marzo de 2017 una denuncia ante el Ministerio Público en su contra por el “delito de malversación de caudales públicos por apropiación”.
La denuncia fue presentada, según el CNA, después de que el organismo, mediante una investigación, habría comprobado que el 22 de enero de 2014 Bonilla retiró de un banco 12 millones de lempiras que estaban en una “cuenta de la Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama” y los transfirió a una cuenta personal.
La ex primera dama ha negado los hechos a través de su apoderado legal, Julio Ramírez, quien el 22 de febrero pasado calificó como un “circo” la denuncia del CNA y afirmó que su defendida es inocente de lo que se le acusa.
Añadió que Bonilla ha reiterado su disposición para que se le investigue en cualquier momento.
La captura de la ex primera dama se ha producido luego de que el exjefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez, anunciara el sábado pasado, antes de irse del país, que esta semana habría buenas noticias sobre sonados casos de corrupción, entre ellos el de Bonilla.
La Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se instaló en Honduras el 19 de abril de 2016, ha venido trabajando con el Ministerio Público en varios casos de presunta corrupción en el que están implicados funcionarios de varios gobiernos y diputados, entre otros.