El director ejecutivo adjunto de ONUSIDA, el organismo de Naciones Unidas responsable de la lucha global contra el sida, el brasileño Luiz Loures, concluirá sus funciones en marzo, tras haberse visto involucrado en una investigación por acoso sexual.
El director de comunicaciones de ONUSIDA, Mahesh Mahalingam, negó la relación entre la marcha de Loures y las acusaciones que recayeron sobre él en relación a un supuesto caso de acoso y agresión sexual contra una colaboradora entre 2011 y 2015.
Recordó que una “investigación independiente” realizada por una instancia de supervisión interna de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “determinó que el caso carecía de fundamento y recomendó cerrarlo”.
Los investigadores de la OMS, organismo al que le correspondía la investigación dentro del sistema de la ONU, indicaron al anunciar el resultado de sus indagaciones que “no existían evidencias” para continuar con el procedimiento.
Ante la insistencia de los periodistas sobre la coincidencia de las acusaciones y la próxima partida del responsable, Mahalingam insistió en que éste “ha cumplido un largo y distinguido servicio de 22 años en ONUSIDA y claramente piensa que es el momento de cambios”.
Enfatizó que Loures, que es el brasileño que ostenta el puesto de mayor responsabilidad dentro de los organismos de la ONU, fue uno de los pioneros en la lucha contra el sida “y uno de los primeros que empezó con los tratamientos antirretrovirales en el mundo en desarrollo”.
En un caso paralelo, pero separado, el director para Afganistán del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Mick Lorentzen, también fue acusado de acoso sexual y suspendido de su cargo mientras se le investiga.
En la misma línea, este jueves se anunció la dimisión del número dos de Unicef, Justin Forsyth, tras revelarse la supuesta conducta inapropiada que tuvo con empleadas de la ONG Save the Children, que había dirigido anteriormente.
Según informaciones que la ONU acaba de actualizar, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre pasados se recibieron 40 denuncias de sus distintas entidades y de organizaciones civiles con las que colabora para implementar los proyectos o la acción de emergencia en el terreno.
De esas acusaciones, 15 estaban relacionadas con operaciones de mantenimiento de la paz.
De las 40 alegaciones, 15 fueron clasificadas como abusos sexuales, 24 como explotación sexual y 3 tenían naturaleza desconocida, e involucraban a un total de 54 víctimas, de las que 30 fueron mujeres y 16 niñas.
Asimismo, se informó que se ha considerado que tres carecen de fundamento y que el resto está en distintas etapas de investigación.