La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar para la protección de los derechos de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, debido a que ella y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable.
Detalló que entre los factores de riesgo se encuentran diversas declaraciones y pronunciamientos estigmatizantes, algunos provenientes de altas autoridades, que habrían vinculado a la fiscal con actos “terroristas” calificándola como traidora al gobierno; la presunta persecución dirigida a retirarla de su cargo y reducir sus competencias; así como las amenazas que habrían sido proferidas en su contra en las afueras de la sede del Ministerio Público, advirtiéndose en una ocasión la presencia de una persona armada.
Ante ello, la CIDH requirió al Estado de Venezuela adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Luisa Ortega Díaz y su núcleo familiar; en particular, para que pueda desarrollar sus funciones como Fiscal sin ser objeto de amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos o actos de violencia.
La Comisión indicó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.