Los menores de edad que ingresen de manera indocumentada y sin compañía de sus padres a Estados Unidos deben gozar del derecho a una audiencia de ley para decidir su situación en el país, resolvió este miércoles un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
“La audiencia es un foro donde el niño tiene el derecho de ser representado por un abogado, a fin de que un juez migratorio independiente evalúe los méritos de su detención”, señaló el panel de tres magistrados de la corte, con sede en San Francisco, en California.
Se trató de un revés para el gobierno federal estadunidense que había abrogado el derecho de los menores de edad indocumentados a una audiencia migratoria, a raíz de las leyes aprobadas por el Congreso para niños no acompañados.
Durante los últimos tres años, más de 150 mil menores de edad que viajaban sin sus padres o familiares han sido detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos.
La mayoría de los menores procede de los países del llamado Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala.
La Corte de Apelaciones mantuvo el fallo de una corte inferior en el sentido de que la audiencia migratoria es una oportunidad para que el abogado del menor de edad pueda refutar la evidencia del gobierno y presentar los argumentos sobre la custodia del niño o niña.
“A falta de tales audiencias, estos niños son mantenidos en un limbo burocrático, dejados a depender de la supuesta benevolencia y opaco sistema de toma de decisiones de la agencia”, señalaron los magistrados.
En opinión de la corte, la audiencia migratoria cumple el propósito de ofrecer “protecciones significativas” a los menores.
Su fallo confirmó la vigencia del llamado “Arreglo Flores”, en alusión a un caso del 2007 que sentó jurisprudencia para normar la conducta de las autoridades hacia menores de edad.
Apenas la semana pasada, la administración Trump lanzó una iniciativa para desmantelar las redes de tráfico de personas que por primera vez incluye el arresto de los “patrocinadores” -padres o familiares- que paguen por el traslado ilegal de sus hijos a Estados Unidos desde el extranjero.
Organizaciones de defensa de refugiados y migrantes acusaron a la administración Trump de usar a los niños indocumentados como “carnada” para atrapar a sus padres y familiares.