El jurista argentino y exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, presidirá un proceso auspiciado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para determinar la posible comisión de delitos de lesa humanidad a manos del gobierno de Venezuela.
Para tal efecto Almagro anunció la incorporación de Moreno Ocampo como asesor de su oficina para este análisis que se planea iniciar en septiembre próximo, y como parte del cual se contemplan una serie de audiencias públicas en las que participen víctimas de la represión, como el mismo gobierno venezolano.
“Hemos establecido y denunciado la alteración del orden constitucional en Venezuela. Esta es una fase siguiente en la cual llegaremos al análisis de determinar responsabilidades penales individuales en los casos de violación de derechos humanos”, dijo a periodistas al hacer el anuncio en la sede de la OEA.
Almagro explicó que mediante este proceso, la tarea de Moreno Ocampo “será abrir los espacios de la Organización” para la discusión de la crisis en un contexto diferente al del Consejo Permanente, donde persiste la división sobre el curso de acción apropiado para confrontarla.
“Voy a dar mi conocimiento técnico de cómo funciona el Estatuto de Roma que permite a la Corte Penal Internacional que está en La Haya, intervenir en los estados miembros”, señaló por su parte quien fuera el fiscal en el juicio contra los miembros de la junta militar Argentina en 1983.
Explicó que la intervención de la CPI en Venezuela es posible debido a que ese país se convirtió en miembro después que el entonces presidente Hugo Chávez firmó el Tratado de Roma, siendo la primera nación sudamericana en hacerlo.
“Yo voy a ayudar a que la OEA analice lo que está pasando hoy desde el punto de vista imparcial. La opinión del secretario general es muy válida, pero es su opinión personal, yo no tengo opinión formada”, precisó.
Moreno Ocampo dijo que propondrá a Almagro una seria de reuniones a partir de septiembre “para que la OEA escuche a las víctimas. Y también escuche a Venezuela a ver qué pasó”.
Explicó que la posibilidad de llevar el caso a la Corte dependerá de que se demuestre la comisión de crímenes de lesa humanidad, si se puede comprobar entre otros aspectos que existen acciones sistemáticas, cometidas como política de una organización.
“Si hay crímenes, se identifican responsables y si no hay juicios, investigaciones genuinas en Venezuela, el caso podría ir a la Corte Penal Internacional”, refirió.
Moreno Ocampo hizo notar que 28 de los 35 países miembros de la OEA están adheridos a la CPI, “y uno de esos 28 países que decida referir el caso a la corte, pasa directamente, casi directamente a investigaciones”.
Insistió que su intención es abrir un espacio legal, donde cada parte sea escuchada y se presentan evidencias y pruebas.
“Eso solamente para que la OEA entiende lo qué pasa, ayude a hacer la política de control y prevención, y eventualmente, si hace falta, algún presidente de las Américas refiera el caso (a la corte)”, precisó.