El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este viernes a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, someterse a un detector de mentiras, a pedido del defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
La medida fue anunciada en medio del escándalo por la designación, aparentemente irregular, de varios magistrados del TSJ, a fines de 2015.
La solicitud de la prueba fue realizada por Saab, quien ha mantenido una disputa con Ortega Díaz por su participación en la designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes del TSJ, en 2015.
Ortega Díaz calificó de “inoficiosa” la exigencia de Saab para que ella se someta al detector de mentiras, además de que rechazó acatar las decisiones del TSJ, al que considera inconstitucional.
La sentencia del TSJ indicó que tanto Ortega Díaz como Saab y el contralor general Manuel Galindo, deberían someterse a la prueba del polígrafo, el próximo lunes en la sede de la Policía Judicial.
Saab afirma que Ortega Díaz avaló con su firma el nombramiento de los magistrados cuestionados.
Sin embargo, la fiscal niega haber apoyado esa designación, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional (congreso unicameral), dominada en ese momento por una mayoría oficialista, cuando ya se conocía la victoria opositora en las elecciones del 6 de diciembre de 2015.
La oposición asegura que el parlamento saliente debió disolverse tras las elecciones y evitar nuevos nombramientos.
El proceso de designación de magistrados se realizó en menos de dos semanas, lo que la oposición denunció como una maniobra del oficialismo para mantener el control del TSJ.
Ortega Díaz asegura que se negó a firmar los documentos que avalaron la designación de los magistrados, pero Saab y Galindo afirman que la fiscal “miente” y sí avaló los documentos.
Incluso Galindo pidió un “careo” con Ortega Díaz para decidir “quién miente”.
El TSJ está por anunciar su decisión sobre un proceso solicitado por el oficialismo para destituir a la fiscal general, cuyo veredicto se esperaba para esta semana.