El fiscal peruano contra el lavado de activos advirtió el miércoles que hay riesgo de que el exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia huyan del país, al argumentar ante un juez su pedido de prisión preventiva para la expareja presidencial, investigada por lavado de dinero.
Humala y Heredia son acusados de haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, según declaraciones del encarcelado expresidente de la firma, Marcelo Odebrecht, para financiar la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en el 2011.
El expresidente Humala, que gobernó el país entre el 2011 y el 2016, ha negado las acusaciones.
El fiscal Germán Juárez, en una audiencia sobre el caso, dijo que la pareja no tiene arraigo familiar en el país por un reciente viaje de sus hijas a Estados Unidos, para un programa de estudios que no está vinculado a su escuela en Perú. El viaje fue junto a la madre de Heredia, quien también es investigada.
“Esto incrementa el peligro de fuga porque ya implica un desarraigo”, agregó Juárez, quien afirmó que en caso de una sentencia condenatoria, la pena por el delito de lavado de activos sería de al menos 10 años y de un máximo de 20 años.
Juárez también destacó las declaraciones de Odebrecht, a quien interrogó a mediados de mayo en Brasil y que admitió que autorizó el pago al partido de Humala a pedido del Partido de los Trabajadores, del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado el miércoles por corrupción.
El fiscal peruano afirmó que Humala y Heredia también habrían recibido aportes para sus campañas electorales del 2006 y el 2011 de la constructora brasileña OAS, así como dinero proveniente del Tesoro público del gobierno venezolano, que ayudaron a la pareja a incrementar su patrimonio personal.
Humala podría convertirse en el segundo expresidente peruano con orden de arresto por el caso Odebrecht. En enero, el juez ordenó prisión para el exmandatario Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de la firma brasileña. Toledo, que ha sido visto en Estados Unidos, ha negado las acusaciones.